Franja de Gaza: Historia y Situación Actual

Franja de Gaza 

La Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra situada en el Próximo Oriente, al suroeste de Israel y al noroeste de la península del Sinaí de Egipto, y que junto con Cisjordania forma los llamados Territorios Palestinos. Tiene 11 km de frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, y 51 km de frontera con Israel; también tiene 40 km de costa en el Mediterráneo. 

Historia 

La Franja de Gaza fue una provincia del Mandato Británico de Palestina entre los años (1917-1948). Tras la partición decidida por la ONU en 1947 entre Palestina y el nuevo estado de Israel, la franja quedaba integrada al Estado palestino. Sin embargo, tras la guerra árabe-israelí de 1948, el territorio fue militarmente ocupado por Egipto. 

En 1967 la franja fue conquistada por Israel. Así permaneció hasta 1994, cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo. Como parte del tratado, la Autoridad Nacional Palestina recibió el 80% del territorio. 

Desde el inicio de la intifada o levantamiento palestino en 2000, el Ejército israelí realizó numerosas incursiones de represalia en la Franja. Los israelíes han instalado puestos de control fronterizos y han restringido los desplazamientos. La Knesset (Parlamento israelí) aprobó un plan de retirada para finales de 2005. 

Economía y situación humanitaria 

Según la ONU, en 2006 casi dos tercios de la población de la Franja vivía bajo el nivel tolerable de pobreza, dependiendo de la ayuda humanitaria internacional. Antes de la intifada de septiembre de 2000, unos 30.000 palestinos habitantes de Gaza trabajaban en las industrias israelíes. En diciembre de 2003, esta cifra se redujo a 4.000, según cifras del Banco Mundial. Cada empleado palestino mantiene a un promedio de siete personas. Alrededor de 600.000 personas reciben ayuda alimentaria de la ONU. 

En promedio, 45 palestinos murieron cada día del año 2004 como resultado de la creciente violencia y los enfrentamientos. Más de 24.000 palestinos han perdido sus hogares en los últimos cuatro años como resultado de las demoliciones llevadas a cabo por el Ejército israelí, que destruía en promedio 120 edificaciones cada mes. 

Tras la elecciones en 2006, Hamás obtuvo el poder en la franja. Dicho partido se niega a reconocer al Estado de Israel, no renuncia a la violencia y se niega a los acuerdos anteriores firmados por la antigua OLP. En opinión de Israel, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, Hamás es una organización terrorista, por lo que dichas entidades congelaron todos los fondos con anterioridad destinados a Hamás. 

El 6 de marzo de 2008, varias ONGs pro-derechos humanos presentaron un informe en el que consideran que la situación de la población de la Franja de Gaza es la peor desde la Guerra de los Seis Días, calificando a la Franja como "una cárcel". Según este informe, el bloqueo llevado a cabo por el ejército israelí contra la Franja de Gaza ha influido negativamente en el empleo, llevando la tasa de paro hasta el 40%; en la industria, suspendiéndose el 90% de la actividad industrial de la Franja; y en la capacidad económica de sus habitantes, que dependen en un 80% de la ayuda humanitaria extranjera La declaración de la Franja de Gaza como "entidad hostil" por parte de Israel ha supuesto el corte del suministro de electricidad, combustible, mercancías y agua. 

Debido al bloqueo que sufre la Franja, la zona continúa dependiendo económicamente de la ayuda humanitaria de la ONU, que llega a través de Israel, aunque los bloqueos militares dificultan esta ayuda. Las mujeres de Gaza trabajan por lo general en las labores del hogar, construyendo así las base de la sociedad (educando a los niños) o en las industrias locales de artesanía, ya que el hombre tiene la responsabilidad de mantener a su esposa e hijos. 

Así, los ingresos familiares son obtenidos por los hombres y los hijos mayores, que trabajan en las industrias de servicios (36%), en la construcción (33%), en la agricultura (20%) y en otras actividades industriales (10%). Aproximadamente el 40% de estos puestos de trabajo se hallan en Israel; sin embargo, los problemas políticos interrumpen con frecuencia el flujo de trabajadores hacia ese país. 

Esto ha causado grandes privaciones a la población palestina, ya que el 35% de su producto nacional bruto (PNB) proviene de los salarios conseguidos en Israel. Los proyectos promovidos por empresas internacionales para crear empleo local y mejorar la calidad de vida en Gaza (que incluyen la construcción de nuevas viviendas y la creación de un sistema de tratamiento de aguas residuales) aún no han sido puestos en marcha. 

En la actualidad están en proyecto diversos parques industriales en la frontera entre Gaza e Israel, pero estas iniciativas no proporcionarán un alivio inmediato. Las exportaciones de cítricos a Europa se han incrementado, aunque debido a la escasez de agua y a las pocas tierras disponibles, la actividad agrícola no puede sostener por sí sola a la población. 

Gobierno y política 

Desde 1948, la Franja fue administrada por Egipto hasta 1967, fecha en la que sería conquistada por Israel en la Guerra de los Seis Días. Israel no pone fin a su ocupación militar y civil hasta 2005, fecha del Plan de retirada unilateral. Tras ello, el territorio quedaba bajo control directo de la Autoridad Nacional Palestina; empero, en junio de 2007, tras violentos combates entre el movimiento Al Fatah, leal al presidente palestino Mahmoud Abbas, y los radicales islámicos de Hamás, la totalidad del territorio se halla bajo el control de este último grupo. Israel, por su parte, mantiene el control sobre las fronteras de Gaza, tanto con Egipto como con el propio Israel, y controla también su espacio marítimo y aéreo. 

Situación actual 

La Autoridad Palestina se ha encargado de la administración civil y de seguridad en la Franja de Gaza desde 1994. No hay asentamientos israelíes o bases militares en la Franja de Gaza desde la retirada israelí del 12 de septiembre de 2005. 

Tras la toma de poder de Hamas (el 14 de junio de 2007), Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y miembro de Al Fatah, expulsó a Hamas del gobierno formando un gabinete en la capital en Cisjordania. El gobierno de Abbas ha ganado amplio apoyo internacional. Egipto, Jordania y Arabia Saudita declararon a fines de junio de 2007 que el gabinete conformado en Cisjordania es el único gobierno legítimo de Palestina. Confirmando lo declarado, Egipto trasladó su embajada de Gaza a Cisjordania. Hamas, que mantiene el control efectivo de la Franja, se enfrenta al aislamiento internacional, tanto diplomático como económico . 

Hamas controla la frontera internacional con Egipto, así como con Israel. Sin embargo, en virtud del Tratado de Paz Israel-Egipto de 1979 el cruce entre la Franja de Gaza y Egipto se realizaba sólo a través del cruce fronterizo de Rafah. Desde la desconexión realizada por Israel en septiembre de 2005, en virtud de un acuerdo separado este cruce ha sido supervisado por la Misión de Asistencia de la Unión Europea. Desde el asalto de Hamas de la Franja de Gaza, los monitores ven impedidas sus funciones en el marco del acuerdo, alegando motivos de seguridad; ello ha resultado en el cierre del puesto de Rafah. El único acceso por tierra se hace a través de Israel, por los cruces de Erez y Karni. 

Israel ha llevado a cabo una dura política, cortando el suministro de combustible, el acceso a medicinas, y suministros. Calificándolo por algunos medios como ghetto de Gaza, en comparación del Ghetto de Varsovia.

Las luchas internas entre Hamas y Fatah, los ataques de Israel con el subsiguiente corte de energía y combustibles (como respuesta a los ataques de Hamas), sumen a la ciudadanía en un estado de caos y desesperanza. 

El 23 de enero de 2008, militantes palestinos destruyeron varias partes del muro que divide la Franja de Gaza de Egipto, en la ciudad de Rafah. Miles de habitantes de Gaza atravesaron la frontera en busca de suministros. Dada la crisis, el presidente egipcio Hosni Mubarak ordenó a sus tropas permitir el paso a los palestinos, pero verificando que no reingresaran con armas. Esto fue imposible de realizar, ya que las masas desafiaron a la policía fronteriza egipcia. 

Israel lanzó su operación "Plomo Fundido" el 27 de diciembre a la Franja de Gaza, en respuesta a los ataques de Hamas con cohetes de fabricación casera y granadas de mortero contra la población israelí. En cuatro días de bombardeos israelíes ya se habían contabilizado 380 muertos y mil 700 heridos.

http://www.taringa.net/posts/info/1948812/Franja-de-Gaza---Historia-y-situacion-actual.html

Correa: "No asistiremos a Cumbre de las Américas sin Cuba"

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, exhortó nuevamente a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a no asistir a la venidera Cumbre de Las Américas, si la República de Cuba no es invitada a este encuentro. teleSUR.

http://multimedia.telesurtv.net/11/2/2012/69765/correa-no-asistiremos-a-cumbr...

http://www.youtube.com/watch?v=dwTSc8U4cZM

Garré: "Se armó un show"

EL CONFLICTO POR EL BLOQUEO

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, confirmó que no concurriría a Diputados para dar explicaciones por la actuación policial ante el bloqueo de la imprenta del Grupo Clarín al considerar que la "Cámara está renunciando a lo que le corresponde que es un seguimiento de los grandes temas nacionales para seguir inflando, agrandando, un tema que no deja de ser un conflicto gremial". La funcionaria estaba citada para las 10 al plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La ministra explicó en declaraciones a Radio Continental que el lunes último envió a los legisladores "una síntesis de todas las acciones" desarrolladas por la Policía Federal, en cumplimiento de las órdenes del juez correccional y de la fiscal contravencional que intervinieron en el hecho.

Se trata de un conflicto "largo, extremadamente largo, que lleva años", en el que "los trabajadores fueron sobreseídos" y "la empresa cumple con mucha reticencia el fallo de la Justicia por lo que el conflicto sigue latente", señaló.

Garré calificó de "absurdo" comparar "la demora de unas horas de un diario para poder llegar al público o que no llegue un día con un ataque a la libertad de prensa".

"Algún grupo de diputados se han trasformado en elementos funcionales de esta estrategia de victimizarse de la empresa que edita el diario Clarín. Pensamos que son temas que hay que tomarlo con seriedad, pero no para provocar un show o espectáculo", recalcó Garré.

La ministra de Seguridad precisó que el lunes pasado su cartera presentó "la síntesis de todas las acciones que desarrolló la Policía Federal cumpliendo las ordenes de un juez correccional y de la fiscal contravencional de la ciudad de Buenos Aires".

En el comunicado del lunes, remitido a Diputados, el Ministerio de Seguridad de la Nación afirmó que durante la protesta que mantuvieron trabajadores de Clarín se cumplieron "estrictamente" las directivas que impartió la Justicia y calificó de "absolutamente infundadas e irresponsables", las acusaciones acerca de un supuesto "incumplimiento a los deberes" hacia la titular de la cartera.

Además, el comunicado oficial afirmó que "resulta infundado y extemporáneo calificar el reclamo laboral ocurrido como ataque a la libertad de prensa que la Constitución Nacional garantiza". El Ministerio reseñó cronológicamente todas las acciones que llevó a cabo a partir del inicio de la protesta en la planta que Artes Gráficas Rioplatenses posee en Zepita y Magaldi en Ciudad de Buenos Aires.

Tomada espera que "se busque una solución al conflicto"

BLOQUEO EN CLARIN

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó su deseo de que en la reunión de mañana entre delegados de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que el domingo realizaron una protesta en la planta de impresión del matutino porteño, y la empresa "se busque una solución al conflicto" teniendo en cuenta que "los derechos sindicales existen" y que "la libertad de expresión es también para los trabajadores". Por su parte, la titular de la cartera de Seguridad, Nilda Garré, enfatizó: “Yo no permití ningún bloqueo”. Esta mañana, delegados de la Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN, ambas parte del multimedio, expresaron su "solidaridad" con los empleados de AGR y repudiaron la "actitud manipuladora" de la empresa al presentar el conflicto como una "vulneración al derecho a la libertad de prensa".

Garré, a quien ayer citó la oposición para dar explicaciones en nombre del Gobierno sobre el bloqueo que impidió la salida de la edición dominical del diario Clarín, aseguró que “repudia” esa medida de fuerza, pero insistió en que la libertad de prensa "no está afectada" con ese hecho concretado el fin de semana pasado.

"Si hay algún otro que lo aprovecha para otra cosa, la verdad que repudio esa posibilidad, pero creo que, a la vez, la libertad de prensa no está afectada", manifestó la funcionaria, quien en una entrevista radial reiteró que se trata de "un conflicto gremial que ya lleva ocho años".

Por su parte, Tomada afirmó que "la dirección de Recursos Humanos de Clarín tiene una política clara de impedir las representaciones gremiales al interior de la empresa. Esto lo saben todos los periodistas y lo saben todos los trabajadores gráficos también".

"La reunión de mañana (entre delegados y representantes de la empresa periodística) será en el marco de buscar una solución a este conflicto, y lo vamos a buscar de todas las maneras posibles porque creemos que hay derechos sindicales. No es solamente reclamar la libertad de expresión, es también reclamar la libertad de expresión de los trabajdores", dijo el funcionario.

Además, agregó que en este conflicto no se trata de "negociar condiciones laborales, donde la solución va por la búsqueda de equilibrios", sino de garantizar "la práctica sindical, el funcionamiento de la representación gremial en la empresa". Tomada reconoció que la reunión de ayer entre ambas partes se frustró porque "después de seis años de conflicto, las relaciones laborales no fluyen con la normalidad habitual", y afirmó que "de todas maneras hay que hacer un esfuerzo". "La empresa sabe muy bien lo que necesitan estos trabajadores. Esperemos que encuentren una solución".

Esta mañana, delegados de la Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN expresaron su "solidaridad" con los trabajadores de AGR. "Creemos necesario que no se desvíe la atención sobre el tema principal, que es la falta de libertad sindical que sufrimos los trabajadores", señalaron a través de un comunicado.

En este sentido, advirtieron que "la vulneración a derechos constitucionales como el libre ejercicio sindical, la violación a los convenios colectivos y al estatuto del periodista son prácticas constantes en las empresas del grupo Clarín". "Somos los trabajadores de esta empresa quienes vivimos desde hace años la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad sindical libremente", afirmaron.

Un piquete por más de doce horaspagi

 UNA MANIFESTACION EN BARRACAS IMPIDIO AYER LA DISTRIBUCION DEL DIARIO CLARIN

La protesta fue realizada en reclamo de “libertad sindical”. La empresa acusó al líder de la CGT, pero Moyano aseguró que su gremio no intervino. Trabajo llamó a las partes a una negociación y Randazzo dijo que se trata de un conflicto laboral. Críticas de la oposición.

Un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, acompañados por familiares y amigos, realizaron una protesta frente a la planta de distribución del matutino e impidieron su salida a la calle un domingo. El Grupo Clarín responsabilizó por la acción al titular de la CGT, Hugo Moyano, pero el líder camionero aseguró que su gremio no tuvo participación en la protesta, que fue encabezada por trabajadores de AGR que denunciaron “persecución sindical” por parte de la empresa. El Ministerio de Trabajo llamó a las partes a una conciliación obligatoria para hoy, con el objeto de destrabar el conflicto. En tanto, desde el arco político opositor llovieron críticas hacia el Gobierno por no haber impedido la manifestación, que además afectó parcialmente la salida del diario La Nación. Desde la UCR anticiparon que pedirán juicio político a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no dar la orden a la policía para que actuara, ante el pedido de la fiscalía interviniente. En ese contexto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Gobierno no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa”, además de precisar que se trató de “un conflicto de índole laboral”.

A las 22.30 del sábado, un grupo de aproximadamente cien personas, dentro del que había mujeres y niños, se apostó en la puerta del centro de distribución de Clarín en el barrio porteño de Barracas, en reclamo de la presencia de algún directivo del multimedio. El piquete se mantuvo ante la planta de Clarín hasta el mediodía del domingo, con lo que se impidió además de la salida a la calle de la edición dominical del matutino, la distribución del diario deportivo Olé, también perteneciente al grupo. La medida terminó por levantarse pasado el mediodía, sin la intervención policial, que mantuvo una guardia en el lugar junto a efectivos del Cuerpo de Infantería.

“La protesta tuvo que ver con el conflicto iniciado en el año 2004 y con los 120 despidos a compañeros y a la cúpula gremial”, relató a Página/12 Luis Siri, uno de los delegados de AGR, compañía del grupo que se encarga de la impresión de folletería inserta en varios productos de la empresa. “Hoy estamos reinstalados pero sin haber cobrado ningún haber adeudado y con el riesgo de no poder acercarnos a ningún compañero porque puede ser sancionado si habla con nosotros”, apuntó el delegado. En su reclamo, los gremialistas denuncian falta de “libertad sindical”, y enumeran la quita de horas extras, las suspensiones y la presencia de patotas, como medidas que llevaría a cabo Clarín para evitar la actividad gremial. “Decidimos hacer esta medida para mandar un mensaje contundente al directorio del diario. Un medio de comunicación no se puede escudar atrás de la libertad de expresión para vulnerar derechos laborales”, aseguró Siri. Por su parte, Nicolás Rivero, otro delegado, aseguró que “la comisión interna tiene permitido ingresar a la planta, pero no se nos paga el día y tampoco nos dan tareas”. Asimismo, señaló que “nos ubican en un cuartito rodeados por personal de seguridad, que nos siguen a todos lados con cámaras”.

Los manifestantes y el propio Moyano negaron que hubiera habido presencia de afiliados de Camioneros, tal como acusaron desde el Grupo Clarín. “No hubo organizaciones sociales, ni de la juventud sindical, ni de camioneros. Lo único que hicieron fue no venir a buscar los diarios en los camiones ya que no iban a salir”, indicó Siri. Directivos del multimedio apuntaron a Moyano como el instigador de la medida y la relacionaron con el exhorto enviado desde la Justicia suiza por una investigación en torno de una firma que se le adjudica al titular de la CGT.

Mientras tanto, un cable de la agencia DYN indicó que la fiscal Marcela Solano intimó en la madrugada de ayer al comisario de la Seccional 30ª a que “identifique a los autores, recabe pruebas fotográficas y fílmicas, labre las actuaciones, intime al cese de la contravención” y disponga la “aprehensión de quien no acate las órdenes” de cese del bloqueo a la planta impresora.

El Grupo Clarín presentó dos denuncias penales y una contravencional al señalar que la medida generó “un daño irreparable” que dejó 600 mil ejemplares inmovilizados. El directivo de la empresa Martín Etchevers dijo que dos fallos protegen las plantas de este tipo de “cercenamiento de circulación de medios impresos” y, por eso, consideró que “lo que está sucediendo es el incumplimiento de la medida judicial”.

Por su parte, directivos de los diarios, de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y diputados de la oposición consideraron “grave” el incidente y criticaron al Gobierno. La diputada radical Silvana Giudici reclamó el juicio político de Garré, por no implementar medidas de prevención para evitar el bloqueo, tras los fallos judiciales que lo impedían. Los diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja acordaron reunirse hoy a las 15 para redactar una denuncia del hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los peronistas disidentes Eduardo Duhalde, Jorge Busti y Francisco de Narváez sumaron sus críticas a las de los radicales Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra. Desde el GEN, el PRO y la Coalición Cívica también hubo pronunciamientos rechazando el episodio. Todos apuntaron hacia Moyano como supuesto instigador del bloqueo y criticaron un virtual “consentimiento” oficial. Por el contrario, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Ejecutivo no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa”, y consideró que el bloqueo “tiene que ver con un conflicto de índole laboral”. El Ministerio de Trabajo informó que, además de la reunión prevista para hoy, se designará a “un inspector para relevar y constatar los incumplimientos denunciados sobre el desarrollo de actividades sindicales en la empresa”.

Tomada: "Es un conflicto laboral de larga data"

UN BLOQUEO DE 12 HORAS EN CLARIN

El ministro de Trabajo se refirió a la protesta realizada ayer por trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, del Grupo Clarín, que impidió la salida de la edición dominical del diario. "Lo que no hay que hacer es confundir deliberadamente un conflicto laboral con un supuesto ataque a la libertad de prensa", consideró. Al mediodía habrá una audiencia en la cartera laboral.

Tomada dijo que le "hubiera gustado que (los dirigentes políticos que criticaron la protesta) hubieran destinado un poco de ese tiempo para averiguar lo que está pasando en el interior de Artes Gráficas Rioplatenses".

En declaraciones radiales, sostuvo que "el Grupo Clarín cree que está exento de cumplir la legislación argentina en materia de representación sindical en todas sus empresas".

El ministro aseguró que la presidenta Cristina Kirchner lo instruyó ayer "para que avanzara lo mas rápidamente posible" para resolver el conflicto, y confirmó que este mediodía encabezará una reunión entre las partes en la sede de la cartera laboral. Informó también que se designará "un inspector adentro de la planta para que verifique los hechos que se denuncian".

Tomada reiteró que "este es un conflicto laboral que tiene larga data y está vinculado en el incumplimiento de la empresa de lo que son los principios básicos de la libertad sindical". El funcionario recordó que "hace pocos meses logramos que la empresa finalmente acatara fallos de primera y segunda instancia que disponían la reincorporación de los trabajadores".

"Hemos estado reunido demasiadas horas y tenido que decirle a la policía que nos trajera por medio de la fuerza pública a los representantes con poder en la compañía para estas negociaciones, porque ni siquiera venían a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo", aclaró el titular de la cartera laboral.

Esperando al fiscal

A OYARBIDE LE CAYO EL EXHORTO SUIZO

 Por Raúl Kollmann

El exhorto emitido por los fiscales suizos pidiendo información sobre causas judiciales de Hugo Moyano, su hijo Pablo y su entorno familiar se origina en un depósito realizado en ese país por la empresa de camiones recolectores Covelia. El titular de la compañía, Ricardo Depresbiteris, y su esposa tienen una cuenta en Suiza y depositaron en ella 1.862.000 dólares. El dinero fue bloqueado por la Justicia helvética, como sucede en muchos casos, mientras se investiga una operación que puede ser sospechosa de lavado de dinero. A fines de enero, una publicación periodística insistió en que Covelia es una empresa protegida por Hugo Moyano y los fiscales suizos leyeron la nota vía Internet o porque alguien política o económicamente interesado se las hizo llegar. A raíz de ello, a principios de marzo libraron el exhorto pidiéndole a la Justicia argentina la información sobre los Moyano.

Tras el sorteo informático de rigor, el exhorto recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, quien le dio vista al fiscal Jorge Di Lello. En estos casos, las fiscalías actúan para realizar un control de legalidad del exhorto, es decir que deben dictaminar si corresponde que se responda a Suiza o no. Dado que Di Lello está de licencia, el dictamen tendrá que ser firmado por quien lo subroga, el fiscal federal Gerardo Pollicita.

En realidad, desde el punto de vista judicial no hay ninguna causa en la que se vincule a Covelia con Moyano. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello viene investigando a la empresa desde hace más de un año y sostiene que “el poder de Moyano” llevó a doce municipios del Gran Buenos Aires a adjudicarle la recolección de residuos a Covelia. También hubo varias notas periodísticas basadas en el crecimiento económico de Depresbiteris, que empezó haciéndose cargo de la recolección de la basura en San Miguel, durante el mandato de Aldo Rico, y hoy tiene 800 camiones y 3000 empleados. El argumento de Depresbiteris es que fue ganando las licitaciones porque nadie quiere hacerse cargo de la recolección en los municipios del Gran Buenos Aires y por ello hoy tiene adjudicados Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Escobar y una decena de otros distritos. Lo que sostiene Martello es que los intendentes le entregan la recolección a Covelia porque Moyano los presiona, pero hasta el momento no existe ninguna denuncia judicial ni de oficialistas ni de opositores que vaya en ese sentido.

No está claro por qué los fiscales suizos bloquearon el depósito de Depresbiteris y su esposa, Marcela Mete, pero todo indica que se trata de un movimiento de dinero inusualmente alto y por lo tanto sujeto a investigación. El legislador Martello sostuvo que Covelia compró en el mercado oficial, en 2008 y 2009, 6.400.000 dólares, figurando por esa cifra en los registros del Banco Central. Habrá que ver si el depósito en Suiza se corresponde con esas compras de divisas o no. De todas maneras, el hombre de la Coalición Cívica cuestiona que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le haya adjudicado a Covelia la distribución de los elementos del Plan Más Vida. Tampoco en este terreno hay ninguna denuncia en los tribunales correspondientes.

Desde el punto de vista judicial, el próximo paso será el dictamen del fiscal Pollicita. El funcionario evaluará los convenios existentes entre la Argentina y Suiza, que datan de 1906, verá si los tipos penales que investigan los helvéticos son los correctos y si está toda la documentación requerida. Si Pollicita se expide favorablemente, el juzgado de Oyarbide se abocará a contestar cuáles son las causas que existen en la Argentina contra Hugo y Pablo Moyano y sus entornos familiares. Figurarán en el listado dos expedientes por presuntas irregularidades en la obra social, uno a cargo de Claudio Bonadío y otro instruido por Ariel Lijo, pero ninguna que vincule a Moyano con Covelia.