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miércoles, 13 de abril de 2011

Macri ni respeta los derechos más elementales de los porteños


DECRETO NULO

Mauricio Macri emitió un decreto de necesidad y urgencia que beneficia directamente a multimedios como Clarín: violando la Constitución porteña, prevé penas de arresto y fuertes multas a quienes bloqueen la salida de medios.

ARTICULO 103.-  Estos decretos son decididos en acuerdo general de Ministros, quienes deben refrendarlos. Son remitidos a la Legislatura para su ratificación dentro de los diez días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad.

Dos días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para modificar el Código Contravencional porteño: según la nueva norma, se impondrán penas de hasta 10 días de arresto y multas de hasta 50.000 pesos a quienes obstruyeran "el desenvolvimiento de los medios de comunicación o ataque o amenace a sus directivos, periodistas, trabajadores o distribuidores de diarios".

Como se puede apreciar fácilmente, el oportuno decreto de Macri tiene beneficiarios directos y otros que directamente se perjudican: Clarín y La Nación, de un lado, y los trabajadores de esos medios y los vecinos de a pie de la Ciudad, del otro.

Como advierte Perfil.com, "la norma, firmada por todos sus ministros, es una respuesta al bloqueo que protagonizaron los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que impidió la salida del diario Clarín el pasado 27 de marzo". Lo de "impidió", como se sabe, es relativo, pues luego se probó que, de haberlo querido, el diario pudo haber sido expedido por cualquiera de las numerosas puertas que tiene la planta de la calle Zepita.

Aunque el macrismo logre aprobar el decreto en la Legislatura, para lo cual contaría con la mayoría necesaria, lo cierto es que el DNU de Macri viola la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el capítulo relacionado con deberes y atribuciones del Ejecutivo, artículo 103, la Constitución indica expresamente que "el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en ésta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el Gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia".

A pesar de ello, Macri se desvive por emitir decretos de necesidad y urgencia que benefician directamente a multimedios como Clarín.

martes, 29 de marzo de 2011

Tomada espera que "se busque una solución al conflicto"

BLOQUEO EN CLARIN
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó su deseo de que en la reunión de mañana entre delegados de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que el domingo realizaron una protesta en la planta de impresión del matutino porteño, y la empresa "se busque una solución al conflicto" teniendo en cuenta que "los derechos sindicales existen" y que "la libertad de expresión es también para los trabajadores". Por su parte, la titular de la cartera de Seguridad, Nilda Garré, enfatizó: “Yo no permití ningún bloqueo”. Esta mañana, delegados de la Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN, ambas parte del multimedio, expresaron su "solidaridad" con los empleados de AGR y repudiaron la "actitud manipuladora" de la empresa al presentar el conflicto como una "vulneración al derecho a la libertad de prensa".
Garré, a quien ayer citó la oposición para dar explicaciones en nombre del Gobierno sobre el bloqueo que impidió la salida de la edición dominical del diario Clarín, aseguró que “repudia” esa medida de fuerza, pero insistió en que la libertad de prensa "no está afectada" con ese hecho concretado el fin de semana pasado.
"Si hay algún otro que lo aprovecha para otra cosa, la verdad que repudio esa posibilidad, pero creo que, a la vez, la libertad de prensa no está afectada", manifestó la funcionaria, quien en una entrevista radial reiteró que se trata de "un conflicto gremial que ya lleva ocho años".
Por su parte, Tomada afirmó que "la dirección de Recursos Humanos de Clarín tiene una política clara de impedir las representaciones gremiales al interior de la empresa. Esto lo saben todos los periodistas y lo saben todos los trabajadores gráficos también".
"La reunión de mañana (entre delegados y representantes de la empresa periodística) será en el marco de buscar una solución a este conflicto, y lo vamos a buscar de todas las maneras posibles porque creemos que hay derechos sindicales. No es solamente reclamar la libertad de expresión, es también reclamar la libertad de expresión de los trabajdores", dijo el funcionario.
Además, agregó que en este conflicto no se trata de "negociar condiciones laborales, donde la solución va por la búsqueda de equilibrios", sino de garantizar "la práctica sindical, el funcionamiento de la representación gremial en la empresa". Tomada reconoció que la reunión de ayer entre ambas partes se frustró porque "después de seis años de conflicto, las relaciones laborales no fluyen con la normalidad habitual", y afirmó que "de todas maneras hay que hacer un esfuerzo". "La empresa sabe muy bien lo que necesitan estos trabajadores. Esperemos que encuentren una solución".
Esta mañana, delegados de la Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN expresaron su "solidaridad" con los trabajadores de AGR. "Creemos necesario que no se desvíe la atención sobre el tema principal, que es la falta de libertad sindical que sufrimos los trabajadores", señalaron a través de un comunicado.
En este sentido, advirtieron que "la vulneración a derechos constitucionales como el libre ejercicio sindical, la violación a los convenios colectivos y al estatuto del periodista son prácticas constantes en las empresas del grupo Clarín". "Somos los trabajadores de esta empresa quienes vivimos desde hace años la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad sindical libremente", afirmaron.

lunes, 28 de marzo de 2011

Un piquete por más de doce horaspagi

 UNA MANIFESTACION EN BARRACAS IMPIDIO AYER LA DISTRIBUCION DEL DIARIO CLARIN
La protesta fue realizada en reclamo de “libertad sindical”. La empresa acusó al líder de la CGT, pero Moyano aseguró que su gremio no intervino. Trabajo llamó a las partes a una negociación y Randazzo dijo que se trata de un conflicto laboral. Críticas de la oposición.
Un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, acompañados por familiares y amigos, realizaron una protesta frente a la planta de distribución del matutino e impidieron su salida a la calle un domingo. El Grupo Clarín responsabilizó por la acción al titular de la CGT, Hugo Moyano, pero el líder camionero aseguró que su gremio no tuvo participación en la protesta, que fue encabezada por trabajadores de AGR que denunciaron “persecución sindical” por parte de la empresa. El Ministerio de Trabajo llamó a las partes a una conciliación obligatoria para hoy, con el objeto de destrabar el conflicto. En tanto, desde el arco político opositor llovieron críticas hacia el Gobierno por no haber impedido la manifestación, que además afectó parcialmente la salida del diario La Nación. Desde la UCR anticiparon que pedirán juicio político a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no dar la orden a la policía para que actuara, ante el pedido de la fiscalía interviniente. En ese contexto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Gobierno no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa”, además de precisar que se trató de “un conflicto de índole laboral”.
A las 22.30 del sábado, un grupo de aproximadamente cien personas, dentro del que había mujeres y niños, se apostó en la puerta del centro de distribución de Clarín en el barrio porteño de Barracas, en reclamo de la presencia de algún directivo del multimedio. El piquete se mantuvo ante la planta de Clarín hasta el mediodía del domingo, con lo que se impidió además de la salida a la calle de la edición dominical del matutino, la distribución del diario deportivo Olé, también perteneciente al grupo. La medida terminó por levantarse pasado el mediodía, sin la intervención policial, que mantuvo una guardia en el lugar junto a efectivos del Cuerpo de Infantería.
“La protesta tuvo que ver con el conflicto iniciado en el año 2004 y con los 120 despidos a compañeros y a la cúpula gremial”, relató a Página/12 Luis Siri, uno de los delegados de AGR, compañía del grupo que se encarga de la impresión de folletería inserta en varios productos de la empresa. “Hoy estamos reinstalados pero sin haber cobrado ningún haber adeudado y con el riesgo de no poder acercarnos a ningún compañero porque puede ser sancionado si habla con nosotros”, apuntó el delegado. En su reclamo, los gremialistas denuncian falta de “libertad sindical”, y enumeran la quita de horas extras, las suspensiones y la presencia de patotas, como medidas que llevaría a cabo Clarín para evitar la actividad gremial. “Decidimos hacer esta medida para mandar un mensaje contundente al directorio del diario. Un medio de comunicación no se puede escudar atrás de la libertad de expresión para vulnerar derechos laborales”, aseguró Siri. Por su parte, Nicolás Rivero, otro delegado, aseguró que “la comisión interna tiene permitido ingresar a la planta, pero no se nos paga el día y tampoco nos dan tareas”. Asimismo, señaló que “nos ubican en un cuartito rodeados por personal de seguridad, que nos siguen a todos lados con cámaras”.
Los manifestantes y el propio Moyano negaron que hubiera habido presencia de afiliados de Camioneros, tal como acusaron desde el Grupo Clarín. “No hubo organizaciones sociales, ni de la juventud sindical, ni de camioneros. Lo único que hicieron fue no venir a buscar los diarios en los camiones ya que no iban a salir”, indicó Siri. Directivos del multimedio apuntaron a Moyano como el instigador de la medida y la relacionaron con el exhorto enviado desde la Justicia suiza por una investigación en torno de una firma que se le adjudica al titular de la CGT.
Mientras tanto, un cable de la agencia DYN indicó que la fiscal Marcela Solano intimó en la madrugada de ayer al comisario de la Seccional 30ª a que “identifique a los autores, recabe pruebas fotográficas y fílmicas, labre las actuaciones, intime al cese de la contravención” y disponga la “aprehensión de quien no acate las órdenes” de cese del bloqueo a la planta impresora.
El Grupo Clarín presentó dos denuncias penales y una contravencional al señalar que la medida generó “un daño irreparable” que dejó 600 mil ejemplares inmovilizados. El directivo de la empresa Martín Etchevers dijo que dos fallos protegen las plantas de este tipo de “cercenamiento de circulación de medios impresos” y, por eso, consideró que “lo que está sucediendo es el incumplimiento de la medida judicial”.
Por su parte, directivos de los diarios, de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y diputados de la oposición consideraron “grave” el incidente y criticaron al Gobierno. La diputada radical Silvana Giudici reclamó el juicio político de Garré, por no implementar medidas de prevención para evitar el bloqueo, tras los fallos judiciales que lo impedían. Los diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja acordaron reunirse hoy a las 15 para redactar una denuncia del hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los peronistas disidentes Eduardo Duhalde, Jorge Busti y Francisco de Narváez sumaron sus críticas a las de los radicales Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra. Desde el GEN, el PRO y la Coalición Cívica también hubo pronunciamientos rechazando el episodio. Todos apuntaron hacia Moyano como supuesto instigador del bloqueo y criticaron un virtual “consentimiento” oficial. Por el contrario, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que el Ejecutivo no avala “ninguna situación que atente contra la libertad de prensa”, y consideró que el bloqueo “tiene que ver con un conflicto de índole laboral”. El Ministerio de Trabajo informó que, además de la reunión prevista para hoy, se designará a “un inspector para relevar y constatar los incumplimientos denunciados sobre el desarrollo de actividades sindicales en la empresa”.