“El FMI y el BM obligaron a los gobiernos a privatizar el agua en América Latina”

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Organizaciones sociales denuncian la intención del gobierno nicaragüense de privatizar el agua, aunque éste responde que ni siquiera es una intención. Sin embargo, la Red de defensa del consumidor, ha anunciado movilizaciones ante la Asamblea Nacional para que sea desechada cualquier intención privatizadora.

En Bolivia en el año 2000 se producía la llamada guerra del agua de Cochabamba tras la privatización del abastecimiento del agua municipal. Un acuerdo impulsado, además, por el Banco Mundial. Poco después, las tarifas del agua se encarecían un 50%

Para profundizar en las consecuencias de la privatización del agua en América Latina, Barrio Latino conversa con Jaime Morel, gerente del consorcio provincial de aguas de Sevilla, un gran conocedor del tema del agua en América Latina, y Juan Marchena, profesor de América de la Universidad Pablo de Olavide.

“La privatización no ha resuelto los problemas de acceso al agua y al saneamiento básicos, que ya es considerado un derecho humano por la Asamblea General de la ONU” Jaime Morel

“Ha sido una más de las políticas neoliberales que pretenden convertir un derecho en un negocio” Jaime Morel

“A lo largo de los 90 fueron las grandes instituciones financieras internacionales las que obligaron a muchos gobiernos a que privatizaran el agua” Juan Marchena

“En Cochabamba, todavía hay un pleito interpuesto por las compañías implicadas pidiendo indemnizaciones. Y se teme que se va a resolver a favor de éstas” Juan Marchena

“Recientemente, la propia Reina de España ha inaugurado un servicio de aguas en Cartagena después de una fuerte campaña de privatización” Juan Marchena

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Homenaje a José Luis Gavira, que hace más de 20 años decidió que su vida debía servir para mejor la vida de otros y se fue a El salvador. Allí fue uno de los impulsores de Radio Izcanal, un medio ciudadano que se ha convertido en un referente en toda América Latina. Para conocer más la comunicación ciudanana, en Barrio Latino conversamos con Óscar Pérez, director del periódico Voces.

Esperando al fiscal

A OYARBIDE LE CAYO EL EXHORTO SUIZO

 Por Raúl Kollmann

El exhorto emitido por los fiscales suizos pidiendo información sobre causas judiciales de Hugo Moyano, su hijo Pablo y su entorno familiar se origina en un depósito realizado en ese país por la empresa de camiones recolectores Covelia. El titular de la compañía, Ricardo Depresbiteris, y su esposa tienen una cuenta en Suiza y depositaron en ella 1.862.000 dólares. El dinero fue bloqueado por la Justicia helvética, como sucede en muchos casos, mientras se investiga una operación que puede ser sospechosa de lavado de dinero. A fines de enero, una publicación periodística insistió en que Covelia es una empresa protegida por Hugo Moyano y los fiscales suizos leyeron la nota vía Internet o porque alguien política o económicamente interesado se las hizo llegar. A raíz de ello, a principios de marzo libraron el exhorto pidiéndole a la Justicia argentina la información sobre los Moyano.

Tras el sorteo informático de rigor, el exhorto recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, quien le dio vista al fiscal Jorge Di Lello. En estos casos, las fiscalías actúan para realizar un control de legalidad del exhorto, es decir que deben dictaminar si corresponde que se responda a Suiza o no. Dado que Di Lello está de licencia, el dictamen tendrá que ser firmado por quien lo subroga, el fiscal federal Gerardo Pollicita.

En realidad, desde el punto de vista judicial no hay ninguna causa en la que se vincule a Covelia con Moyano. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello viene investigando a la empresa desde hace más de un año y sostiene que “el poder de Moyano” llevó a doce municipios del Gran Buenos Aires a adjudicarle la recolección de residuos a Covelia. También hubo varias notas periodísticas basadas en el crecimiento económico de Depresbiteris, que empezó haciéndose cargo de la recolección de la basura en San Miguel, durante el mandato de Aldo Rico, y hoy tiene 800 camiones y 3000 empleados. El argumento de Depresbiteris es que fue ganando las licitaciones porque nadie quiere hacerse cargo de la recolección en los municipios del Gran Buenos Aires y por ello hoy tiene adjudicados Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Escobar y una decena de otros distritos. Lo que sostiene Martello es que los intendentes le entregan la recolección a Covelia porque Moyano los presiona, pero hasta el momento no existe ninguna denuncia judicial ni de oficialistas ni de opositores que vaya en ese sentido.

No está claro por qué los fiscales suizos bloquearon el depósito de Depresbiteris y su esposa, Marcela Mete, pero todo indica que se trata de un movimiento de dinero inusualmente alto y por lo tanto sujeto a investigación. El legislador Martello sostuvo que Covelia compró en el mercado oficial, en 2008 y 2009, 6.400.000 dólares, figurando por esa cifra en los registros del Banco Central. Habrá que ver si el depósito en Suiza se corresponde con esas compras de divisas o no. De todas maneras, el hombre de la Coalición Cívica cuestiona que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le haya adjudicado a Covelia la distribución de los elementos del Plan Más Vida. Tampoco en este terreno hay ninguna denuncia en los tribunales correspondientes.

Desde el punto de vista judicial, el próximo paso será el dictamen del fiscal Pollicita. El funcionario evaluará los convenios existentes entre la Argentina y Suiza, que datan de 1906, verá si los tipos penales que investigan los helvéticos son los correctos y si está toda la documentación requerida. Si Pollicita se expide favorablemente, el juzgado de Oyarbide se abocará a contestar cuáles son las causas que existen en la Argentina contra Hugo y Pablo Moyano y sus entornos familiares. Figurarán en el listado dos expedientes por presuntas irregularidades en la obra social, uno a cargo de Claudio Bonadío y otro instruido por Ariel Lijo, pero ninguna que vincule a Moyano con Covelia.