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jueves, 4 de diciembre de 2014

Apareció muerto Luciano Arruga

"Corría desesperado, como si estuviera escapando de alguien", aseguró el conductor que atropelló a Arruga

Se fortalece la hipótesis de la responsabilidad policial

Lo hizo en el marco de la reconstrucción del accidente en el que murió el chico que estaba desaparecido desde 2009 y cuyo cuerpo fue hallado este año en el cementerio de la Chacarita, sepultado como NN.
Así lo informó hoy el abogado Maximiliano Medina, abogado de la familia Arruga y representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La declaración del joven, de 26 años, se produjo en el marco de la reconstrucción del accidente que se efectuó esta madrugada, durante tres horas, en la avenida General Paz y Emilio Castro, en Mataderos, por orden del fiscal federal de Morón Juan Pablo Salas.
"La medida fue positiva y profundiza la línea principal de investigación que es la responsabilidad policial en el hecho", dijo a Télam Medina. Es que la principal hipótesis que se maneja en la causa es que el joven cruzaba por el medio de la autopista porque escapaba de policías bonaerenses.
El 31 de enero de 2009 por la noche, Luciano salió de su casa y fue visto por última vez en el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde había estado detenido y torturado tiempo atrás.
Según se pudo determinar a partir del hallazgo del cadáver, a las 3.21 del día siguiente fue atropellado por un auto que circulaba por la General Paz, llevado al hospital Santojanni, donde murió, y luego enterrado como NN porque no fue identificado.

"Venía corriendo desesperado, desencajado y como si estuviera escapando de alguien", sostuvo el conductor del auto al realizarse la reconstrucción, en la que la división Científica de la Gendarmería utilizó un auto y un muñeco en representación de la víctima, afirmó Medina.
De acuerdo al abogado, el hombre señaló que él circulaba por el carril rápido mano al Riachuelo y que recién vio a Arruga cuando lo tenía a pocos metros, ya que a esa altura la autopista hace una curva hacia la izquierda. Contó que el joven quedó tendido en el asfalto, él bajó del auto y llamó a la Policía. "Estaba muy conmocionado", afirmó.
Luego, fue el turno de un motociclista que fue el primero en llegar al lugar y relató que caminó agitando su remera a lo largo de unos 100 metros para que otros conductores no atropellaran el cuerpo. También declararon dos empleados de Autopistas del Sol que concurrieron al lugar para interrumpir el tránsito y dos policías federales que hicieron las actuaciones relacionadas al accidente y llevaron detenido al conductor, finalmente sobreseído en la causa judicial.

"La reconstrucción permitió ver distancias, toda la mecánica del accidente y que a veinte metros había un puente peatonal que Luciano no usó y tuvo que subir por un lugar muy empinado para llegar hasta ahí", remarcó Medina, que consideró que ahora "hay que conectar" las nuevas pruebas con lo que ya existe en el expediente.
Esas pruebas son que esa noche un testigo vio a Arruga en un destacamento de Lomas del Mirador, que uno de los patrulleros no emitió registro de posicionamiento, otros móviles se salieron de la cuadrícula que les correspondía y el registro de entradas de la dependencia fue adulterado.
(Fuente: Télam)

jueves, 14 de junio de 2012

Con las marcas de la represión ilegal

ENCUENTRAN EN UN DESCAMPADO DE SAN FERNANDO TRES TAMBORES SELLADOS CON RESTOS OSEOS

El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, estuvo en el lugar del hallazgo.


 Por Laura Vales

El Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha identificado los cuerpos de desaparecidos, quedó a cargo de investigar el material óseo encontrado por la policía. En la zona ya se habían hallado restos NN en tambores.


En un baldío de San Fernando encontraron tres tambores sellados con concreto que en su interior contenían restos óseos. El Equipo Argentino de Antropología Forense ya confirmó que en uno de ellos hay restos humanos. También los habría en los otros dos, según fuentes de la Policía Bonaerense. Los antropólogos tomarán muestras para determinar si se trata de huesos que, por su antigüedad, podrían corresponder a desaparecidos.

La hipótesis es considerada como muy probable por los antecedentes que existen. Ocho tambores como éstos, de metal, del tipo de los utilizados para transportar aceite, fueron arrojados en octubre de 1976 desde cuatro vehículos al canal de San Fernando, conteniendo restos de desaparecidos. Aquellos tanques también habían sido cerrados, con cal y cemento; los restos, luego enterrados como NN en el cementerio de San Fernando, serían exhumados e identificados muchos años después, ya en la década del ‘80. Pertenecían a siete secuestrados por los grupos de tareas de la dictadura que habían pasado por el centro clandestino de detención Automotores Orletti, entre ellos el hijo de Juan Gelman, Marcelo.

De todas formas, ayer desde el Equipo Argentino de Antropología Forense así como desde la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que conduce Guido Carlotto, advirtieron que hasta que no se tengan los análisis de laboratorio todo lo que se puede decir en esta dirección son especulaciones, por lo que pidieron mantener una actitud de prudencia.

“Para tener los resultados habrá que esperar cerca de un mes. Este es un tema muy sensible para muchas familias que tienen familiares desaparecidos y hay que ser muy cuidadosos”, señaló uno de los investigadores del EAAF.

Fuentes policiales detallaron que los tambores fueron descubiertos el lunes por un chico que se metió en el terreno –la versión dice que estaba cazando pajaritos– y al encontrar el primer tambor avisó a la comisaría de Virreyes.

Los policías que llegaron al descampado preservaron el lugar y llamaron a la Policía Científica, que hizo un primer análisis del contenido. Con un rastrillaje encontraron los otros dos barriles.

Ayer, los antropólogos trabajaron sobre el contenido del primero de los tanques y confirmaron que se trataba de restos humanos.

El lugar donde se encontraron está ubicado en la calle Miguel Cané a metros de la ruta 202 y del aeropuerto de San Fernando. Años atrás, ahí hubo una tosquera y hoy es un descampado de relleno muy extenso, con una superficie de unas 67 manzanas. El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, contó que en el predio el municipio estaba haciendo tareas de saneamiento y limpieza para un plan de viviendas.

Los tanques estaban semienterrados, cada uno identificado con un número de cuatro dígitos. De los dos que detectó la policía, uno estaba semienterrado y el otro en la superficie.

Los trasladaron a todos a una dependencia de la municipalidad de San Fernando para que el EAAF continúe con su trabajo para determinar la antigüedad de los huesos, extraer las muestras de ADN y compararlas con las del banco de datos de los familiares de las víctimas de la dictadura.

Ayer, Carlotto recorrió el lugar y habló después con la gente del EAAF. El funcionario explicó que aunque la Secretaría de Derechos Humanos tendrá competencia sólo una vez que se confirme que los restos tienen una antigüedad mayor a 30 años, tenía “la obligación política de supervisar todo el procedimiento”.

“La secretaría va a comenzar a motorizar todos los resortes para que se determine si son restos de desaparecidos. De confirmarse, es un trabajo que atañe absolutamente a nuestro organismo”, anticipó.

El subcomisario a cargo del operativo, Luis Sarabia, agregó algo más de información: señaló que en el interior de uno de los toneles encontraron una mandíbula y que los líquidos que se desprendían del otro “eran compatibles con un cuerpo humano”.

La causa judicial abierta por el hallazgo quedó a cargo del fiscal de San Fernando Luis Angelini.

“Sería muy raro que se tratara de un crimen común, porque para esconder cuerpos de esta forma hacen faltan recursos, toda una estructura”, dijo a Página/12 una fuente de la investigación. La fuente agregó que, por la manera en que los cuerpos fueron tapados dentro de los tanques, con cemento, y por el lugar del hallazgo, la hipótesis de que se trataría de restos de desaparecidos es el principal eje de la investigación.

En el Banco de Datos del Equipo Argentino de Antropología Forense se guardan las muestras de sangre que los familiares de las víctimas de la dictadura han dejado para ayudar a que se identifiquen los restos de los desaparecidos. El desarrollo tecnológico permite a los antropólogos, antes limitados a hacer cotejos caso por caso, que una vez obtenida una muestra de ADN ésta pueda compararse masivamente con todos los registros que hay en el banco. El EAAF viene realizando por esto una serie de campañas para que quienes tienen familiares desaparecidos dejen en el banco una gota de sangre que permita ampliar al máximo las identificaciones.

viernes, 19 de agosto de 2011

A 35 años de la denominada "Masacre de Fátima"


Mañana se cumplen 35 años de la denominada "Masacre de Fátima", en la que fueron asesinados 30 presos políticos, "uno los capítulos más oscuros de la historia" porque "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976".

Así describió el hecho el fiscal Federico Delgado cuando el 20 de septiembre de 2005 solicitaba la elevación a juicio oral y público de la causa, proceso que finalmente ocurrió en 2008.

"Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre al sociedad civil", enfatizó Delgado en su presentación.

Las víctimas de aquella matanza fueron Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Jorge Daniel Argente y Carmen María Carnaghi.

La macabra mano de la "Masacre de Fátima" también alcanzó a Horacio Oscar García Castelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Pedrini de Bronzel, Juan Carlos Vera, Carlos Pargas, Ricardo Herrera Carrizo, Roberto Olivestre, Enrique Aggio, María Rosa Lincon y Cecilia Podolsky de Bronzel, junto con 10 personas más no identificadas.

El 19 de agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8.

Poco después de las 4 de la madrugada del 20 de agosto, una gran explosión despertó a toda la localidad bonaerense de Fátima.

Los obreros de un horno de ladrillos cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros.

Inmediatamente la zona fue cercada por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas.

Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.

Según el parte policial de la época, las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes.

Luego de ocurrida la Masacre, el gobierno militar por intermedio del Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que repudió el hecho y lo atribuyó a “la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino”, y expresó la firme voluntad de “esclarecer el hecho y sancionar a los responsables”.

Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento: Nocetti, Vélez, Leiva, Comas y Alzogaray, en tanto los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Presidente Derqui, de donde fueron exhumados en 1985 para su identificación por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Sin embargo poco después, la sanción de la ley de Obediencia Debida archivó el expediente y detuvo los procesos iniciados.

En 1998, una presentación judicial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata permitió el inicio de los llamados “Juicios de la Verdad”, que si bien por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no permitían juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, sí permitieron seguir conociendo lo ocurrido con las víctimas.

Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban atados y vendados.

Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza, provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos.

Según consta en el expediente, la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del ejército, en ese entonces al mando de Jorge Rafael Videla.

En 2003 la causa fue reabierta y seis ex-policías de la Federal fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

En junio de 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva y embargó a los policías federales Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Carlos Enrique Gallone, recordado por aquella foto que recorrió el mundo abranzando a una madre de Plaza de Mayo en 1983.

Se determinó que Lapuyole y Marcote, quien falleció sin ser juzgado, fueron los responsables de las direcciones generales de Inteligencia y Operaciones de Superintendencia de Seguridad Federal y que Gallone fue jefe de una de las “brigadas” que actuaron en el lugar, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

En febrero del 2006 la causa judicial, que forma parte de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo, fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel Rafecas.

En julio del 2008, Lapuyole y Gallone fueron condenados a prisión perpetua por su accionar en la detención y asesinato de las víctimas de Fátima, en tanto Miguel Angel Trimarchi, otro de los imputados, fue absuelto.

sábado, 16 de abril de 2011

Tristeza por la confirmación del asesinato de Liliana Ross, el caso nº 104

Buenos Aires, 15 de abril de 2011 |
COMUNICADO DE PRENSA
Con profundo pesar, Abuelas de Plaza de Mayo cumple en informar la resolución de su caso Nº 104. Se trata de Liliana Irma Ross, asesinada por el terrorismo de Estado cuando estaría embarazada de cinco meses y medio. La mataron en la madrugada del 1º de febrero de 1977 en un enfrentamiento fraguado ocurrido en las calles Pasco y Roca de la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires.
Por resolución Nº 143 y en el marco de la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el 28 de marzo último la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires determinó que los restos inhumados como NN el 2 de febrero de 1977 en el cementerio de San Martín pertenecen a Liliana. De esta manera, pudo comprobarse que su embarazo no llegó a término.
El caso
Liliana nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue la primera de seis hermanos, dos mujeres y cuatro varones. Estudió en la Escuela Nº 3 hasta tercer grado y luego en la Escuela de Hermanas, donde finalizó sus estudios primarios. El colegio secundario lo cursó en la Escuela Normal de Chacabuco. Allí formó un conjunto de folklore en el que cantaba, tocaba la guitarra y hasta se ocupaba del vestuario. Se recibió de profesora de guitarra y piano. Sus amigos la llamaban "La Lechuguita", "La Rusita" o "Irmi".
En Chacabuco Liliana participaba de un grupo juvenil parroquial y éste fue el espacio para las primeras tareas barriales y también para los primeros debates políticos. Junto a este grupo de compañeros fundó una biblioteca a la que bautizaron "Martín Fierro". Cuando terminó el secundario, viajó a La Plata para estudiar la carrera de Visitadora de Higiene en la Facultad de Medicina de la UNLP. Allí comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y luego integró la organización Montoneros. Sus compañeros la conocían como "La Gorda".
Formó pareja con Adalberto, otro joven de Chacabuco con quien también compartió el ámbito de la militancia. Luego de un tiempo de noviazgo se fueron a vivir juntos a una casa en las afueras de La Plata. En ese tiempo, Liliana trabajaba cuidando a un hombre mayor mientras cursaba su último año de carrera en la facultad.
El 10 de diciembre de 1976 fue secuestrada en la vía pública de la ciudad de La Plata. Estaba embarazada de cuatro meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en el Regimiento de Infantería de 1 y 60.
Luego de la desaparición de Liliana, en 1979 Adalberto consiguió escapar hacia Brasil y un tiempo más tarde exiliarse en Europa hasta el retorno de la democracia.
Después de 34 años, familiares y amigos pudieron despedir los restos de Liliana y así permitirse ese duelo tan negado y tan necesario para seguir adelante. El pueblo de Chacabuco, con lágrimas y aplausos, acompañó multitudinariamente su regreso al suelo natal. Hoy todos y todas podemos convertir nuestro dolor y nuestra incertidumbre sobre el destino de Liliana en una certeza, en una flor.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Fiscalía argentina identifica tripulantes de "vuelo de la muerte" de monja francesa


La Fiscalía argentina identificó este martes a los tripulantes del vuelo en el que fueron arrojadas al mar tres de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo y la monja francesa Léonie Duquet durante la última dictadura en ese país suramericano (1976-1983).

"Están individualizados el vuelo y sus tripulantes. Incluso viajé en búsqueda de los mecánicos (de los aviones) que podrían haber sobrevivido", informó el fiscal argentino, Miguel Ángel Osorio.

Explicó que analizó unos dos mil 755 vuelos realizados entre 1976 y 1978 por dos aviones de la Prefectura (guardia costera), con la sospecha de que algunos podrían haber sido utilizados para los llamados “vuelos de la muerte”.

Precisó que "del análisis de esos vuelos, estamos convencidos que podemos terminar de individualizar al que fue usado para arrojar a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una militante humanitaria y la monja francesa”.

Durante la dictadura militar argentina, aviones de la Marina, la Prefectura y la Fuerza Aérea se utilizaron para arrojar a activistas sociales al mar o al río de la Plata, con la intención de hacerlos desaparecer, aunque algunos cuerpos fueron devueltos por las aguas.

Los cuerpos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo fueron devueltos por el mar y encontrados en Santa Teresita, una ciudad de la costa atlántica argentina a finales de diciembre de 1978 y enterrados como NN (sin identificar) en un cementerio cercano.

En el 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense indentificó los restos.

Las cinco mujeres fueron secuestradas en diciembre de 1977 junto a otras siete personas que siguen desaparecidas, entre ellas la monja francesa Alice Domon, en un operativo que se inició con la infiltración de Madres de Plaza de Mayo por parte del ex marino Alfredo Astiz.

Al grupo lo trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más emblemático centro de torturas y muerte de la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos, según organismos humanitarios.

Los "vuelos de la muerte" fueron una práctica en la que miles de personas fueron arrojadas al mar vivas y anestesiadas desde aviones militares.
El próximo 24 de marzo se conmemora en Argentina el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por las muertes de civiles producidas en la dictadura militar que gobernó el país suramericano.