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jueves, 5 de mayo de 2011

Una vacuna para que las prepagas no se abusen

LA CAMARA DE DIPUTADOS CONVIRTIO EN LEY EL MARCO REGULATORIO A LAS EMPRESAS DE MEDICINA PRIVADA
Después de cinco años de idas y vueltas, el Congreso sancionó la ley que pone reglas al mercado de la salud. Fueron 190 votos positivos y 29 abstenciones, del PRO y la CC. La norma resguarda derechos de usuarios y prestadores en su relación con las prepagas.
 Por Sebastián Premici
La Cámara de Diputados aprobó definitivamente la regulación de las empresas de medicina prepaga (EMP) por 190 votos afirmativos y 29 abstenciones (PRO y CC). Fue en una sesión especial convocada por el Frente para la Victoria, que pudo realizarse a partir del quórum alcanzado juntamente con Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, el socialismo y partidos provinciales. El resto de la oposición sólo bajó al recinto una vez iniciado el debate. La iniciativa en cuestión elimina los períodos de carencia, las enfermedades preexistentes como condicionante para aceptar nuevos afiliados y limita la arbitrariedad de las compañías para aplicar aumentos de tarifas. La sanción puso fin a un debate iniciado hace más de cinco años y que pudo concluirse a pesar de la presión en contra ejercida por las empresas del sector y los distintos diputados que en el último año presentaron objeciones, con la intencionalidad de retrasar el trámite parlamentario.
“Esta ley se construyó en base a las denuncias permanentes de los usuarios y consumidores que pertenecen al sistema de medicina prepaga. Es una normativa que tutela al eslabón más débil de la cadena, a los mayores de 65 años que sufren un aumento de cuota desproporcionado, o a aquella familia que tiene un hijo recién nacido con un problema congénito y no es admitido por la prepaga. Esos son los eslabones más débiles que a partir de hoy quedarán protegidos”, detalló Agustín Rossi, presidente del bloque oficialista, al cierre de la sesión.
El primer tratamiento de este tema en el recinto había sido en 2008, en base a un proyecto presentado por las ex diputadas Patricia Vaca Narvaja –actual embajadora en México– y Graciela Rosso –actual intendenta de Luján–, con aportes de Leonardo Gorbacks, actual funcionario en la Jefatura de Gabinete. La media sanción de la Cámara baja se había conseguido el 27 de agosto de ese año, por unanimidad. Incluso, había sido acompañada por los bloques que ayer se abstuvieron de votar y que en sus argumentaciones se expresaron en contra, como el caso del PRO. “Esta iniciativa bajará la calidad de atención de los usuarios y de todo el sistema de salud. Por eso dentro de un mes presentaremos un proyecto integral de salud. Quizás en esta integralidad que proponemos, las prepagas puedan brindar un mejor servicio”, afirmó Gabriela Michetti (PRO), argumento que fue replicado casi textualmente por Cynthia Hotton (Valores para mi país).
El bloque que también se abstuvo fue el de la Coalición Cívica, que tenía un dictamen en minoría que ratificaba la media sanción original de Diputados. “Los cambios que se realizaron en el Senado fueron parte de un acuerdo entre el radicalismo y el FpV. La unanimidad que se había alcanzado en Diputados se rompió allá. Nos sorprende de algunos bloques de la oposición, que piensan que la única manera de regular a las prepagas es aceptando el acuerdo entre el radicalismo y el oficialismo”, disparó Juan Carlos Morán (CC). Las líderes de ese bloque, Elisa Carrió y Patricia Bullrich, faltaron a la sesión, de gira por los Estados Unidos.
Si bien los diputados del PRO y la CC dijeron que votarían en contra del proyecto que había llegado del Senado, optaron por la salida más elegante de la abstención y evitaron cargar con un voto “no positivo” a una ley que beneficia a 4,5 millones de usuarios de la medicina prepaga, en un sector que factura más de 15.000 millones de pesos por año, “con cinco empresas predominantes que tienen el 75 por ciento del mercado”, como señaló el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur).
El lobby en contra de esta ley estuvo protagonizado tanto por las empresas como por algunos legisladores. Como señaló Héctor Polino (Consumidores Libres) la semana pasada durante un seminario organizado por la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, entre el primer tratamiento del proyecto y la sanción de ayer “hubo silencio por parte de las empresas para evitar cualquier tratamiento del proyecto”. Por otro lado, la iniciativa también estuvo frenada un año y medio por la presidencia de la Comisión de Salud del Senado a cargo de Haidee Giri (FpV), y luego por el radical José Cano, que recién actuó al final del año pasado, cuando la norma estaba por perder estado parlamentario y el reclamo de las organizaciones de defensa de los consumidores había crecido en intensidad.
“Hoy quedó blanco sobre negro quiénes legislan y a veces piensan en la gente y quiénes son representantes, en las sombras, de las empresas. Quedó claro quiénes dicen que las prepagas van a quebrar o que el servicio perderá calidad y después se abstienen en la votación”, destacó Roberto Zorzoli, uno de los especialistas que trabajó en la redacción del proyecto original como asesor de la entonces diputada Vaca Narvaja.
En la puja por esta ley, las prepagas habían festejado el año pasado cuando el Senado realizó dos modificaciones al proyecto original, una relacionada con el alcance de la norma, que dejó afuera a las obras sociales sindicales, mutuales y cooperativas, y otra que eliminó un artículo que las obligaba a tener “reservas técnicas” en instrumentos financieros. El festejo estuvo explicado porque, a partir de los cambios, la norma debía volver a Diputados. Su apuesta de máxima fue evitar el avance del debate. Por otro lado, esas modificaciones habían sido propuestas también por el ministro de Salud, Juan Manzur.

jueves, 17 de marzo de 2011

Con los mismos derechos que otros trabajadores

LA CAMARA DE DIPUTADOS ABRIO EL AÑO Y APROBO POR UNANIMIDAD UN NUEVO REGIMEN LABORAL PARA EMPLEADAS DOMESTICAS

 Por Miguel Jorquera
No hubo casi fundamentos para defender el proyecto. Como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado Héctor Recalde optó por aceptar la incorporación de algunas observaciones que hicieron desde distintos bloques a la iniciativa que el Ejecutivo envió al Parlamento el año pasado y que se enriqueció durante el debate en las comisiones legislativas. Ya no había dudas sobre el consenso alcanzado ni lugar para más palabras: la Cámara de Diputados dio por unanimidad media sanción al nuevo régimen laboral para empleados de casas particulares, cuya aprobación la Presidenta le reclamó al Congreso en la inauguración del período parlamentario. Desde las bandejas explotaron los aplausos de decenas de mujeres identificadas con pecheras de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Las empleadas domésticas festejaban el reemplazo del régimen laboral impuesto durante la Revolución Libertadora y la equiparación de derechos laborales que alcanzaría a un millón de trabajadores.
“Esta ley nos permite salir de un régimen semifeudal implementado por la dictadura de 1956 y entrar en un sistema de igualdad e inclusión social”, concluyó Recalde tras la votación. “Esta es la trascendencia del proyecto de Cristina”, agregó el también abogado cegetista fuera del recinto. Aunque todavía la iniciativa deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley, nadie apuesta a que la Cámara alta cuestione el consenso alcanzado en Diputados ni que el proyecto sea desplazado de las prioridades de la agenda de los senadores.
De convertirse en ley, las empleadas domésticas pasarán a estar comprendidas dentro de la ley de trabajo que rige para el resto de los trabajadores en el país y su salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado mediante Convenio Colectivo de Trabajo. El artículo 14 del proyecto establece que una vez que la ley entre en vigencia, el Ministerio de Trabajo tendrá 90 días “para constituir la comisión negociadora del convenio colectivo del sector”.
También la equiparación de derechos con el resto de trabajadores en actividad. La jornada de trabajo de las empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares no podrá exceder las ocho horas diarias y 48 horas semanales. Además, accederán a la licencia por maternidad de 90 días, además de licencias por enfermedad, cuidado de familiar enfermo y por estudio. La iniciativa también modifica el pago de indemnización por despido y el pago de aguinaldo.
Aún existen dudas sobre la cantidad de trabajadores que se beneficiarán con la nueva ley. Las cifras van de 800 mil hasta 1,2 y 1,4 millón, aunque en realidad dependerá del blanqueo que produzca la nueva normativa. De todas maneras ya fuera del Palacio Legislativo una improvisada banda de vientos acompañaba el festejo de las militantes de UPAC.
Otros proyectos
Fue una sesión atípica para los niveles de confrontación que se manifestaron el año pasado en la Cámara baja. Aunque el temario había sido cuidadosamente elaborado con proyectos sin mayores disidencias ni observaciones, también era un desafío para los propios legisladores.
Por unanimidad los diputados también dieron media sanción a un proyecto que establece condiciones de igualdad de acceso a la educación pública para las personas privadas de libertad. La kirchnerista Adriana Puiggrós y el radical Ricardo Gil Lavedra compartieron los fundamentos a favor de la iniciativa, que fue promovida por los internos de la Unidad 2 de la cárcel de Villa Devoto y por la ex fiscal y actual secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño. Fue respaldada por todo el arco político.
Lo mismo sucedió con la sesión del Estado nacional a la provincia de Buenos Aires de las propiedades ubicadas en la estación ferroviaria de Mar del Plata, cuyo servicio desde Constitución explota actualmente la provincia. Así como la ley que promueve la investigación y producción estatal de medicamentos, a la que se oponen las cámaras empresarias del sector que ya hicieron sentir su lobby.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) enviaron una carta conjunta a diputados y senadores donde se oponen al proyecto con el argumento que el Estado debe cumplir un rol orientador mientras que la producción debe ser privada.
Tampoco faltaron críticas a algunos de los proyectos tratados. El acuerdo comercial entre el Mercosur e Israel fue cuestionado por los legisladores de Proyecto Sur por su carácter “de libre comercio” que favorecería a las industrias estadounidenses radicadas en territorio israelí. El convenio, que ya fue ratificado por el resto de los países del mercado común, también tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados. Algo parecido sucedió con la autorización anual para la salida de tropas argentinas al exterior y de entrada de tropas extranjeras a nuestro territorio para participar de operativos militares conjuntos, que también fue aprobada. Resta saber si el clima de la sesión de ayer en Diputados podrá repetirse en un año cruzado por la disputa presidencial de octubre.