No se suele reflexionar sobre las consecuencias en la subjetividad que tiene el pago de la deuda externa. Se habla de una deuda que tiene Argentina, aunque no es el capital quién la paga. Al contrario, éste hace importantes negocios mientras el esfuerzo recae en el conjunto de la población, en especial sobre los sectores más vulnerables.
La deuda en nuestro país no nació por generación espontánea. Fue el producto de la dictadura cívico-militar que, para imponer una política neoliberal, tuvo que llevar a cabo el genocidio más grande de nuestra historia. En los negociados que realizaron se endeudó hasta la quiebra las empresas públicas. A la vez, los grupos económicos ligados a los militares robaron miles de millones de dólares para luego ser declarados como una deuda, aunque habían entrado al país. Luego, Domingo Cavallo "estatizó" toda la deuda que habían contraído estos grupos económicos privados engrosando su valor. Todo esto está probado y documentado por el juez Jorge Ballesteros, que en el año 2000 determinó que la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar era ilegítima, remitiendo su fallo al Congreso de la Nación. Por supuesto, el expediente duerme en un cajón de los Tribunales.
Los gobiernos que siguieron durante el período democrático contrajeron más deuda al pedir créditos internacionales para pagar los intereses. Es decir, mientras regularmente se paga, la deuda aumenta.
El gobierno hace 12 años asumió con una deuda de 144.000 millones de dólares. Durante su gestión se pagaron 173.000 millones y, después de proclamar que nos estamos desendeudando, se deben 197.464 millones de dólares, según cifras oficiales. A esto le debemos sumar los pagos futuros del cupón PBI -que se paga cada vez que Argentina crece 3% o más-, los pagos al Club de París, los juicios perdidos ante el CIADI -tribunal del Banco Mundial al que recurren empresas trasnacionales-, el pago a REPSOL, y las deudas externas de las provincias -que tienen garantía del Estado Nacional-. Así se llega a la cifra astronómica de 300.000 millones de dólares. Como si todo esto fuera poco, nos encontramos con la deuda que no entró en canje y que hoy reclaman los "Fondos Buitres".
En definitiva, la deuda es ilegítima e impagable. Cuanto más se paga, más aumenta, Un verdadero círculo vicioso que solo sirve para imponer políticas sociales y económicas por parte de los organismos financieros internacionales.
En los últimos meses apareció un libro que se ha transformado en un best seller mundial. El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Con estadísticas de los últimos 200 años resume el problema a una sencilla fórmula: (R > C = + d). Esta significa que la desigualdad aumenta si la renta del capital es mayor que el crecimiento del PBI de los países. Esto es lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, si un país que crece al 3% anual y tiene que pagar una renta del capital de 145% en el mismo lapso -que es lo que Argentina tiene que pagar a los "Fondos Buitres"-, entonces se transforma en una situación sin salida.
Por ello, la única alternativa seria es no pagar y llamar a un frente de países para enfrentar las represalias conjuntamente y modificar las bases económicas para un desarrollo sustentable. Es cierto, muchos se pueden alarmar ante las consecuencias de esta propuesta. Pero debemos señalar cuáles son los efectos de seguir pagando como si no pasara nada. Muchos pretenden separar las políticas nacionales e internacionales de los gobiernos de sus efectos en la vida de la población, apelando a una lucha que tenga en cuenta solamente los intereses sectoriales. Para ello es interesante transcribir lo que dice Slavok Zizek sobre el tema: "A fines de 2008, investigadores de Cambridge y Yale que analizaban las tendencias en la epidemia de tuberculosis en las últimas décadas en Europa del Este dieron a conocer su resultado; tras analizar datos de más de 20 países, establecieron una clara correlación entre los préstamos del FMI a esos países y el aumento de los casos de tuberculosis.
Cuando los préstamos se interrumpieron, la epidemia de tuberculosis volvió a reducirse. La explicación es simple: la condición para el otorgamiento de los créditos que el Estado imponga una "disciplina financiera" (reducir el gasto público), y la primera víctima de esas medidas destinadas a establecer "la salud financiera es la propia salud pública". En nuestro país el presupuesto en Salud se ha reducido agravando el deterioro de la Salud Pública. Su consecuencia es una suerte de desnaturalización de la deficiente atención de lo público destinado a los pobres. También vemos como aumenta la pobreza y la marginación, ya que la desocupación es reemplazada por trabajos en "negro" y precarizados cuyos efectos en la subjetividad son analizados en el texto de Hernán Scorofitz que publicamos en este número. Los datos son contundentes. En los últimos 11 años la "reactivación" que se llevó adelante fue sostenida por la precarización y superexplotación. Esto produjo tanto el incremento de las inasistencias laborales por causas de salud como el aumento del 40% en el consumo de ansiolíticos para poder subsistir en un período de "crecimiento económico" y "desendeumiento", que llevó a que los servicios sociales, la educación y la salud pública cuenten con un presupuesto reducido, cuyo deterioro solo beneficia a las empresas privadas y, en consecuencia, a aquellos que pueden pagar una prestación.
Los procesos de subjetivación se sostienen en una cultura donde la crisis del tejido social y ecológico produce un imaginario donde el futuro es vivido como catastrófico, el pasado no existe y solo queda la perpetua inestabilidad del presente. Por ello los cambios que se han logrado en el campo de la Salud Mental encuentran un límite en un poder que se basa en las actuales condiciones económicas, sociales y políticas donde las grandes empresas de medicina privada y los laboratorios aumentan su concentración monopólica para imponer una concepción del padecimiento subjetivo que solo beneficia sus intereses.
De allí que creemos necesario sostener no pagar la deuda externa. Sus efectos en la subetividad y en el campo de la Salud Mental atraviesan nuestra práctica como profesionales. Esta demostrado que no solo no tiene salida a nivel económico, sino que solo provocará más sufrimiento a cada uno de nosotros.
La prioridad de nuestra política fue alinear los compromisos financieros con la verdadera capacidad de pago del país, teniendo presente que la masa de recursos es la que existe y no puede incrementarse ni milagrosa ni explosivamente.
La educación pasa a ser el tema central de la Argentina. El futuro de la Argentina depende en buena medida de la calidad del trabajo de su gente, y esa calidad de trabajo depende fundamentalmente del acceso a una educación digna para todos.
Nos proponemos impulsar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos y por ello concebimos a la ciencia y a la tecnología como el factor estratégico capaz de agregar valor y apuntalar el desarrollo de la industria.
En el centro de nuestra política ambiental está la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas.
Nos hemos propuesto crear las condiciones competitivas para impulsar el turismo y, especialmente, intensificar los aspectos vinculados al desarrollo del turismo social, entendiendo éste como vehículo para lograr la posibilidad de acceso al turismo a todos los sectores de la población.
El Estado argentino asume la tarea de revisar lo actuado por el terrorismo estatal durante la dictadura y por los gobiernos que la sucedieron. Esta asunción se expresa en el desarrollo de una política de Estado basada en los pilares históricos del movimiento de derechos humanos en la Argentina: memoria, verdad y justicia.
La integración latinoamericana es parte indisoluble de nuestra política exterior. Nuestra aspiración de reducción de nuestras desigualdades, de lucha contra el hambre y la pobreza, también son objetivos que se comparten con los países hermanos de nuestra región.