jueves, 27 de diciembre de 2012

El Gobierno promulgó la Ley de Trata de Personas

El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la norma sancionada el 19 de diciembre, es así que a partir de hoy habrá 90 días para su correspondiente reglamentación.



El Gobierno promulgó la Ley de Trata de Personas. Foto:archivo

La Ley 26.842 ordena, entre otras cosas, la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Su fin será constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la ley, que contará con autonomía funcional, sostiene el texto aprobado por el Congreso el 19 de diciembre y publicado hoy en el Boletín Oficial.



El 19 de diciembre en el Congreso , Susana Trimarco participó de la aprobación de la Ley.

Además, se aprobaron modificaciones a la ley 26.364, entre las cuales se incluye la prisión de cuatro a seis años “para el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

La nueva ley fija, además, que cuando la víctima fuere menor de 18 años la pena será de diez a quince años de prisión.

Asimismo, modificó el artículo 140 del Código Penal para condenar con “reclusión o prisión de cuatro a quince años para el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”.

También se sustituye el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente: “Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Otro cambio que incorpora el Código Procesal Penal es el referido al artículo 250 quáter. Ahora se estableció que “siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado por el Tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes”.

También se determinó que “cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una Sala Gesell, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual”. Por otro lado, cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares u objetos, la víctima “será acompañada por el profesional que designe el Tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado”.

En tanto, el artículo 28 de la promulgación de la norma, establece en un plazo máximo de 90 días contados a partir de hoy para su reglamentación, informa hoy Infobae.

PENAS

En tanto, la pena será de cinco a diez años de cárcel, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

La Justicia confirmó el sobreseimiento a De la Rúa por la masacre de 2001


La querella había señalado que De la Rúa “tenía especial deber de control” sobre lo que ocurría tras la implantación del estado de sitio.


La Sala I del máximo tribunal penal del país consideró que al ex presidente "no se le puede atribuir la responsabilidad" ya que "no ordenó el accionar policial", según indicó el abogado defensor de Fernando De la Rúa. La querella del CELS, que patrocina a familias de las víctimas Gastón Riva y Diego Lamagna, había advertido la importancia del fallo al considerar que el sobreseimiento significaría ubicar al presidente en el lugar de un "observador imparcial" y, por lo tanto, "darle un cheque en blanco a la policía”. Ahora, la setencia podrá apelarse mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

De esta manera, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Raúl Madueño, Luis Cabral, y Eduardo Riggi, consideró que el ex presidente no es penalmente responsable por los asesinatos de 5 manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la represión policial en su último día de gobierno, el jueves 20 de diciembre de 2001.

Para los jueces de la Casación “no puede pretenderse ubicar” a De la Rúa “como garante de comportamientos” de los policías represores porque aquel “desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el Estado de Sitio”.

También sostuvieron que “desde el punto de vista formal no existe como pretende los recurrentes ilegitimidad en el dictado del Estado de Sitio” puesto que para ello el Presidente “cumplió con los pasos que marca la ley suprema y los pactos internacionales”.

Recordaron que la Constitución Nacional establece que “es atribución del Presidente de la Nación declarar el Estado de Sitio en caso de conmoción interior cuando el congreso está en receso”.

Sin embargo, los camaristas opinaron que “si bien la situación política del país era complicada todavía no habían sucedido los hechos que justificaron que el ex presidente considerara que nos encontrábamos frente a un supuesto de conmoción interior”.

El recurso de Casación había sido elevado veinte días atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió el procesamiento de De la Rúa y consideró que el entonces presidente “se arrogó facultades que no tenía” al decretar el Estado de Sitio.

"El operativo de represión fue ilegítimo porque De la Rúa declaró el Estado de Sitio sin intervención del Congreso de la Nación pese a la obligación que imponen los artículos 65 y 29 de la Constitución Nacional en caso de conmoción interior”, había expuesto el CELS.

En su declaración indagatoria de la etapa de instrucción, el ex presidente aseguró que él no sabía nada y se enteró por "Crónica TV" de que había muertos en la Plaza de Mayo y sus alrededores por la represión policial.

Con el corralito bancario vigente desde el lunes 3 de diciembre de 2001, se registraban manifestaciones y cacerolazos en todo el país, hasta que a la noche del 19 de diciembre De la Rúa anunció que acababa de firmar el decreto 1678/01 imponiendo el "Estado de Sitio" en todo el territorio nacional.

Al día siguiente, jueves 20, las manifestaciones se multiplicaron en la plaza de Mayo y el centro porteño. El Gobierno mandó a la Policía Federal a sofocar las protestas y hubo cinco muertos por disparos de escopetazos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57); además de 117 heridos, mientras De la Rúa huía en helicóptero de la Casa Rosada.

Los únicos procesados que irían a juicio oral son el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza Raúl Andreotti y el ex Director General de Operaciones Norberto Gaudiero.

Para ese proceso, que aún no tiene fecha de inicio, el fiscal Marcelo Colombo reclamó que De la Rúa sea uno de los más de 150 testigos que deberán desfilar ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).

En total la violenta represión del 20 de diciembre causó en todo el país al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual De la Rúa renunció a la Presidencia de la República, apenas con medio mandato cumplido que debía finalizar el 10 de diciembre de 2003.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Falleció una mujer herida el jueves pasado y suman cuatro los muertos durante los saqueos en Rosario

Carina Verónica Paz de 36 años falleció esta mañana tras permanecer internada desde el jueves pasado cuando recibió un disparo en el cráneo en España al 6300. Es crítico el estado de un joven de 16 años.




Una mujer de 36 años murió esta mañana en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) tras permanecer seis días en agonía luego de recibir un disparo en la cabeza el jueves pasado en España al 6300.

Carina Verónica Paz es la cuarta víctima fatal que dejaron los saqueos de la semana pasada en Rosario. Según algunos testigos la mujer había salido a la calle en busca de sus hijos y habría quedado en el medio de una balacera.

Los relatos recolectados por La Capital el viernes pasado indicaron que en el lugar se produjo un feroz intercambio de disparos cuando un grupo de personas intentaba asaltar los comercios de la zona, y Carina fue alcanzada por uno de esas balas que según los vecinos habría provenido del techo de uno de los negocios.

El director del Heca, Néstor Marchetti, confirmó a La Capital el deceso de Carina que se encontraba grave y en terapia intensiva desde el jueves. Mientras que es crítico el estado de un joven de 16 años que sufrió una herida de arma blanca y tiene afectados sus órganos vitales. El chico que reside en Avellaneda al 4500 se encuentra internado en el hospital Provincial.

En tanto el lunes 24 falleció Emiliano Sánchez, de 17 años, que había ingresado el jueves por la noche al Hospital Roque Sáenz Peña por una herida de bala que le afectó el miembro inferior derecho. El joven murió tras evolucionar de forma desfavorable de las heridas vasculares producidas por el arma de fuego.


La primera de las víctimas fue una mujer de 36 años, identificada como Silvia Bernachea, quien sufrió una herida en la arteria femoral y murió desangrada tras ingresar al Heca la misma noche del jueves.

Bernachea había estado en Presidente Quintana y Avellaneda, uno de los tantos puntos donde hubo enfrentamientos y robos a pequeños supermercados. Allí habría sufrido la herida mortal con un vidrio o un blíndex mientras ingresaba o salía de uno de los comercios.

Luciano Carrizo, un joven de 23 años, también murió en el momento en uno de los episodios que se produjeron el jueves por la noche en Arijón y Avellaneda. Recibió un impacto de bala en el tórax (con orificio de entrada y salida) que, aparentemente, provino desde el interior del local comercial al que intentaban ingresar.

La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo

Por Norma Giarracca y Enrique Viale


De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.

Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.

El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.

La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.

No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20 de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.

Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.

Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.

* Titular de Sociología Rural de UBA.

** Abogado ambientalista.

Caso Marita Verón: Fallo Absolutorio

Tucumán. El tribunal que integran los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvió a los 13 acusados del secuestro y desaparición en 2002 de la joven Marita Verón, víctima de una red de trata de personas. Emitido por Visión 7, noticiero de la TV Pública argentina, el martes 11 de diciembre de 2012.



El Caso Marita Verón es un proceso judicial iniciado el 8 de febrero de 2012, gira alrededor de María de los Ángeles Verón (conocida como Marita), una joven argentina de la provincia de Tucumán que fue secuestrada el 3 de abril de 2002, a los 23 años. La referencia al proceso es Caso N° 23554/2002, y el nombre del caso es David Gustavo Iñigo y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón.

Marita fue secuestrada por tratantes de personas para obligarla a ejercer la prostitución, y podría haber sido trasladada forzosamente a la provincia argentina de La Rioja.

lunes, 10 de diciembre de 2012

“Quiero una Democracia plena y sin privilegios”

CFK PIDIO QUE SE RESPETARAN LAS LEYES Y QUE LA JUSTICIA FUERA INDEPENDIENTE DEL PODER POLITICO Y TAMBIEN DEL ECONOMICO

La Presidenta habló en los masivos festejos por el 29º aniversario de la democracia. “Demandamos mayor democratización en los tres poderes del Estado”, dijo, y reclamó “una Justicia que sirva al pueblo” y que “sea menos corporativa”.

Por Julián Bruschtein y Nicolás Lantos


”Si no se respetan las leyes, ¿de qué democracia estamos hablando?” La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se puso al frente de una multitud que desbordó largamente la Plaza de Mayo para dar uno de los discursos más encendidos de su segundo mandato, en el que volvió a argumentar sobre la necesidad de que tome plena validez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pidió: “Es necesario que la independencia (de la Justicia) no sea sólo del poder político, sino también del poder económico de las corporaciones. Quiero una democracia plena y profunda, comprometida y sin privilegios”. Su discurso fue el acto central de los festejos oficiales por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, una jornada que incluyó espectáculos y recitales, y que se replicó a lo largo del país.

“Demandamos mayor democratización en los tres poderes del Estado”, reclamó la Presidenta en un poco habitual tono imperativo. En un giro de su discurso, no sólo apuntó a los magistrados que desde hace tres años vienen demorando la plena aplicación de la ley de medios sino también a los que “dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir y matar”, recuperando un tópico, la inseguridad, que estuvo presente en las protestas opositoras de los últimos meses. “La gente está cansada –agregó–. Por eso necesitamos una Justicia que sirva al pueblo, que sea menos corporativa.”

Cristina tampoco se privó de mencionar con todas las letras a la Corte Suprema de Justicia (un actor central en los sucesos de estos días) cuando recordó que tras el golpe que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930 fue ese órgano el que convalidó el gobierno de facto de José Uriburu. Luego remarcó la decisión de Néstor Kirchner de renovar la Corte, origen de la actual composición del tribunal, porque “quería dar testimonio de una justicia independiente”. CFK se refirió a los poderes concentrados que se sirven de diversas esas herramientas para mantener el poder y pidió “que las Fuerzas Armadas tengan conciencia de cómo fueron utilizadas por grupos minoritarios para luego lavarse las manos”. En un guiño a los partidos de la oposición, recordó que esos mismos poderes han operado en su momento contra el radicalismo y que “cuando hubo intentos de golpe a Alfonsín el peronismo estuvo a su lado, como corresponde”.

La asistencia masiva a la Fiesta Patria Popular convocada por el Gobierno en vísperas del 29º aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina ya había excedido los pronósticos y parecía un pulpo gigante estirado sobre la Plaza de Mayo, mientras desplegaba sus tentáculos por las avenidas y calles circundantes. Según sus organizadores, la jornada convocó a unas 400 mil personas en los alrededores de la plaza, y a otras 400 mil en las diferentes actividades realizadas a lo largo del país.

A las columnas de organizaciones políticas (desde La Cámpora y el Movimiento Evita hasta pequeños grupos de no más de una decena de militantes, cada cual con sus propias banderas y colores), sindicatos y trabajadores de sectores del Estado se sumaban familias completas con chicos en brazos y grupos de adolescentes con termo y mate reglamentarios.

Para la hora en que la Presidenta subió al escenario, habían aflojado las idas y vueltas entre la Plaza y la Avenida 9 de Julio, por Avenida de Mayo y las diagonales Roca y Sáenz Peña, donde se instalaron stands y tarimas secundarias con shows musicales: la llegada de la mandataria ordenó al público que se acomodó para poder ver bien en las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos. El arribo de las columnas del PJ desplazó a algunos de los manifestantes “sueltos”, que presionados entre las banderas y la pared salían algo sofocados, con ayuda de voluntarios de la organización.

Luego de una particular pero pegadiza versión del himno nacional, interpretada en son cumbianchero por la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo y el grupo de percusión el Choque Urbano, CFK entregó los premios Azucena Villaflor a figuras destacadas por su rol en la lucha por los derechos humanos. Dos de los premiados, el músico Daniel Baremboin y el poeta Juan Gelman, enviaron por video un mensaje de apoyo a las políticas de derechos humanos.

Sobre el escenario, la Presidenta estuvo acompañada por figuras culturales y artísticas, y diversas figuras políticas de estricto sport, miembros del Gabinete y legisladores. A una decena de metros, un palco especial reunía a muchos otros funcionarios, diputados y senadores, entre otros. En el escenario también había, como siempre, lugar para la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sentadas en primera fila y con botellitas de agua mineral siempre a mano para combatir el calor. A ellas se refirió Fernández de Kirchner en un pasaje de su discurso, cuando habló de forma velada sobre la extensión de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de tener que adecuarse a las nuevas cuotas de mercado establecidas por la ley de medios, decidida el jueves pasado por la Cámara Civil y Comercial cuestionada por el Gobierno.

“Las convicciones nos hicieron fuertes, nos hicieron que estas mujeres tuvieran justicia –manifestó la jefa de Estado, señalando a las mujeres que la miraban de cerca–. ¿Cómo no vamos a esperar nosotros unos días o unos meses si ellas esperaron tantos años para tener justicia y saber la verdad? Ellas son el ejemplo.”

Cristina, que se definió a sí misma como “una militante política”, interactuó con los militantes que cantaban cerca del escenario: arrancaron con el clásico “Patria sí / Colonia no” y luego la emocionaron con un “Néstor querido / Siempre serás mi amigo”. La Presidenta los comparó con quienes se manifestaron contra el gobierno nacional en los últimos meses al señalar: “Nosotros no insultamos, no agraviamos, no descalificamos”, y comparó al kirchnerismo con la cigarra de la canción de María Elena Walsh, porque “la mataron mil veces y mil veces sobrevivió”, “apoyado en las convicciones y en las realizaciones”.

Hubo un momento de recuerdo de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, anfitriona hace dos días de la Cumbre de Mercosur, y visitante una semana antes en Buenos Aires, síntoma de que la relación entre ambas mandatarias es tan buena como siempre. “Apláudanla”, le pidió a la multitud que respondió dócil. A continuación, también, pidió por la salud del presidente venezolano Hugo Chávez, “un querido amigo que ayudó a la Argentina cuando nadie la ayudaba”, que sufrió en estos días una recaída en su lucha contra un tumor.

Por último, volvió a dirigirse a los cientos de miles que la veían desde la Plaza y las calles circundantes, y también a quienes seguían el mensaje por cadena nacional: “Lo que es imprescindible para tener no 29 años de democracia sino 200 o 300 es la unidad popular –propuso–. Sepan que no es que vengan por este gobierno ni por esta presidenta: vienen por las conquistas sociales”. En ese momento, alguien le gritó “Fuerza, Presidenta”, y ella retrucó: “Yo tengo toda la fuerza que me dan ustedes. Yo no aflojo si ustedes no aflojan”.


Según los organizadores, unas 400 mil personas disfrutaron de las actividades en los alrededores de Plaza de Mayo. foto: Joaquín Salguero

La Corte Suprema rechazó planteo de Clarín contra el "per saltum"

imagen


El tribunal desestimó “por manifiestamente inadmisible” un planteo que hizo hoy el multimedio para que el máximo tribunal rechace “in límine” el recurso extraordinario de per saltum que presentó el Poder Ejecutivo.

El multimedio había presentado el recurso ante la Corte a través de Grupo Clarín SA, Arte RadioTelevisivo Argentino SA, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital Cable SA.

Clarín intentó frenar el tratamiento de la Corte Suprema al pedido del Gobierno ante el máximo tribunal de la nulidad del fallo emitido por la Cámara Civil y Comercial Federal que extendió la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín, aún cuando el máximo tribunal del país había fijado el 7 de diciembre como límite de esa medida.

De este modo, por medio del per saltum, el gobierno nacional busca evitar que la apelación sea tratada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, cuya sala I dispuso ayer la extensión de la cautelar.


 

Fuente: InfoNews