Almirante de agua bendita

Droga, pobreza y delito como problemas de seguridad, son los ejes de la campaña con que el Episcopado buscará eludir en este año electoral sus profundas divisiones internas y adelantarse a proyectos que expandan derechos y libertades. También a los temas pendientes, como la Asignación por Hijo y el Obispado Castrense. Un almirante formado durante la dictadura, especializado en Washington y vinculado con el Sedronar coordina la campaña sobre droga.

 Por Horacio Verbitsky

Mientras CFK puede presentarse para un nuevo período presidencial, el jefe de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, transcurre los meses finales de su último mandato, ya sin reelección. Al cumplir en diciembre los 75 años deberá solicitar también su retiro como arzobispo de Buenos Aires, igual que el obispo de San Isidro e influyente encargado de relaciones políticas del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, quien ya tiene un obispo coadjutor en funciones y dejará este año la diócesis más rica del país, San Isidro. Allí introdujo como encargado de drogas al vicealmirante Horacio Florencio Néstor Reyser, quien ahora coordina la campaña nacional encabezada por el obispo Jorge Lozano, desde la Comisión Nacional de la Pastoral de Drogadependencia. Casaretto también tiene como asesor económico al poderoso empresario sojero Eduardo Serantes, autor de los documentos favorables a la Sociedad Rural durante la crisis de 2008. Los otros ejes de la actividad episcopal para este año serán la pobreza y la inseguridad, temas en los que el Episcopado se siente fuerte, pese a que Casaretto no logró que entidades sindicales de patrones y obreros firmaran la hostil declaración al gobierno preparada con Serantes para el Bicentenario. La ya iniciada campaña sobre las drogas fue diseñada por el almirante de agua bendita junto con el Consejo Publicitario Argentino. Trabajaron en ella un directivo de Radio Mitre y la agencia de publicidad de Clarín, ADN. Su slogan es “Decí no al consumo de drogas”. La sucesión de pastillas, copas de vino y cerveza, hojas de marihuana, jeringas y líneas de cocaína, con ruidos de fiesta que terminan con un dramático sonido de ambulancia y terapia intensiva, hace de la sustancia un fetiche, atractivo para los jóvenes. En la página electrónica del Episcopado (http://www.reddevida.org) pueden consultarse los avisos y los documentos que les dan origen. Uno de ellos, firmado por Alberto Solanet, cuestiona el fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenalizó la tenencia para consumo personal y recomendó concentrar los esfuerzos del Estado en la persecución de los grandes traficantes. Solanet fue presidente de la Corporación de Abogados Católicos, que es la longa manu del Episcopado entre los avenegras, y hoy preside otra entidad de abogados del mismo origen, creada para propiciar el perdón a los jefes de la dictadura militar sin mostrar la punta de la sotana. La idea de combate contra un enemigo externo a la sociedad que se caracteriza como un flagelo a destruir es la que fracasa en el mundo desde hace 40 años, cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Esa Red de Vida creada por la Conferencia Episcopal muestra los nexos entre este emprendimiento del almirante Reyser y la agonizante Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y su titular, José Granero, quien tiene tres pedidos de procesamiento, por delitos con estupefacientes y sólo se sostiene en el gobierno y en libertad por presión de la DEA. Esa página reproduce un artículo publicado por el obispo Lozano en La Nación, en la que afirma que la Sedronar “no da abasto” porque el gobierno nacional le retacea presupuesto. Ése es el mismo discurso, voceado por el propio Granero, que antes de Lozano repitieron el Departamento de Estado, la Coalición Cívica Libertadora y Graciela Camaño, del Peornismo Opositor. En el caso del Episcopado tiene que ver con el negocio de las granjas e institutos de recuperación de adictos y menores, como el que regenteaba el obispo Emilio Ogñenovich, fallecido en enero. Ese Hogar Terapéutico Jesús de Nazareth fue clausurado al comprobarse que era un “sitio de reclusión y de castigo”, con alambradas perimetrales de púas, celdas de penitencia y guardias de seguridad. La Red de Vida también incluyó en otra de sus páginas un informe del Sedronar sobre la toxicidad de la marihuana y un ataque al jefe de gabinete Aníbal Fernández por proponer su despenalización, en línea con el fallo de la Corte. Además, reprodujo una nota del diario estadounidense New York Times en la que Granero acusa a Fernández de obstruir su labor y minimiza el hallazgo de ocho kilos de cocaína en una camioneta que conducía su chofer. Al informar sobre un Encuentro en una iglesia de La Boca, la Red narra las experiencias con el programa “Quiero ser” de la Sedronar en algunas escuelas de la diócesis de San Isidro.

A Roma

Los obispos se ilusionan con que la campaña sobre drogas, pobreza e inseguridad disuada el avance legislativo de nuevos proyectos de expansión de derechos y libertades. Entre ellos, los que consagrarían el reconocimiento y respeto a la identidad de género y el acceso al sistema público de salud de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y despenalizarían el aborto durante los primeros tres meses del embarazo (que según las investigaciones recientes de Fortunato Mallimaci y Juan Cruz Esquivel, por un lado, y de la consultora Poliarquía, por el otro, gozan de amplio consenso aun entre los fieles católicos). Así, los obispos también esperan disimular las fisuras internas, a raíz de las reformas del año pasado sobre el matrimonio, que suprimieron del Código Civil cualquier referencia al sexo de los contrayentes. Bergoglio instó a librar una guerra de Dios contra esa ley, que consideró inspirada por el Demonio, pero sus contendientes internos, encabezados por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, consideran tibios esos esfuerzos. Pese a que el auxiliar de Aguer en La Plata, Antonio Marino, fue el encargado del lobby confesional sobre el Congreso, este sector responsabiliza a Bergoglio, por haber admitido como presunto mal menor un proyecto de unión civil, que dejara a salvo el sagrado vocablo matrimonio. Luego de la sanción de la ley, muchos obispos comenzaron a recibir cartas y mails con denuncias escabrosas sobre la vida privada de algunos de ellos, con otros hombres o con mujeres. Lo interpretaron como el comienzo de una Intifada para copar la conducción episcopal, con el apoyo del ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, quien es gentilhombre del papa y directivo de la Soberana y Militar Orden de Malta, y del cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la congregación vaticana para las iglesias orientales. En la estrepitosa Asamblea Plenaria de noviembre, el jubilado obispo de Resistencia Carmelo Giaquinta propuso llevar la cuestión a Roma. Así se resolvió pese a la oposición de Aguer, Marino y Martín Elizalde, el obispo de 9 de Julio que no aplicó ninguna sanción canónica al sacerdote Christian von Wernich, no obstante su condena por crímenes de lesa humanidad.

Problemas con la justicia

Bergoglio y sus vicepresidentes en la jefatura episcopal, Luis Villalba y José María Arancedo, pidieron la audiencia con Benedicto XVI para plantear su disgusto por la incidencia de Caselli y Sandri en la designación de obispos argentinos y por su aliento a quienes los atacan con publicaciones que consideran calumniosas. Una hermana de Sandri escondió al prófugo banquero vaticano estafador Francisco Trusso, hasta que Aguer firmó la fianza que le permitió quedar en libertad. La pugna en la Conferencia Episcopal refleja la ausencia de conducciones fuertes como las que ejercieron Antonio Caggiano y Raúl Primatesta, cada uno de los cuales fue el líder indiscutible durante un cuarto de siglo. Quien parecía en condiciones de sucederlos fue Antonio Quarracino, un amante de los placeres de la vida y de la mesa. Pero murió apenas siete años después de asumir el Arzobispado porteño, sin tiempo para consolidar su poder. Desde entonces, la conducción episcopal rotó entre presidentes débiles, como Estanislao Karlich, Eduardo Mirás y, desde 2005, Bergoglio. Arancedo, quien es primo hermano del ex presidente Raúl Alfonsín, y los obispos de Corrientes y de Gualeguaychú, Andrés Stanovnik y Jorge Lozano, son las principales candidaturas que este sector opone a la de Aguer para la sucesión. Desde el otro bando se recriminan a Bergoglio sus actividades conjuntas con los rabinos Sergio Berman y Abraham Skorka y haber promovido como obispo auxiliar porteño a un sacerdote que había sido mencionado en una sentencia de divorcio vincular por adulterio. Según el fallo judicial, que los Aguerridos difundieron aquí y en Roma, el marido cornudo debió “soportar, aguantar y resistir la agresión, indiferencia y desatención absoluta de su cónyuge, a partir de sus sentimientos amorosos, confesos e inocultables” por el ahora obispo. Ambos sectores llegaron al cotejo en posición de relativa debilidad y problemas con la justicia. La semana pasada, en los fundamentos de la condena del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba a los ex dictadores Jorge Videla y Luciano Menéndez, el juez José María Pérez Villalobos mencionó la “colaboración” de Primatesta y de los capellanes del Ejército Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo “en la ejecución de los planes de los golpistas”. No pueden ser juzgados, porque los tres murieron. Pero Bergoglio vive. El año pasado, al testimoniar en el juicio por la ESMA, se abroqueló en generalidades, nolosupes y nomeacuerdos, pero este mes el arquitecto Rodolfo Yorio lo incriminó en el secuestro de su hermano, el sacerdote Orlando Yorio, y entregó documentación comprometedora al tribunal, por lo que el jefe de la Iglesia argentina podría ser citado a declaración indagatoria. Los enredos de Caselli, quien es senador italiano por el partido de Silvio Berlusconi, Pueblo de la Libertad, no son menos acuciantes. El gobierno argentino decidió mudar la residencia y oficinas de la embajada ante el papado, cuando le pidieron para renovar el alquiler del Palazzo Patrizzi, un incremento de 24.460 a 31.000 euros mensuales. El Poder Ejecutivo no aceptó la petición pese al lobby que realizaba a favor de la permanencia en esa suntuosa sede el obispo Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo (h). Caselli lo alquiló como sede de la Fundación Italianos en el mundo. Sus otros directivos fueron los también legisladores berlusconianos Nicola Di Girolamo y Basilio Giordano. Di Girolamo, elegido por los italianos que viven en otros países de Europa, debió renunciar a su banca y fue detenido el año pasado, una vez que se publicaron fotos suyas con jefes de la mafia calabresa, la n’dranghetta, conversaciones telefónicas con ellos y negocios compartidos de lavado de dinero por miles de millones de euros. El ex senador argentino Eduardo Duhalde asistió a un encuentro de la Fundación en Roma, y Di Girolamo compartió la inauguración de su sede en Buenos Aires con Aguer y Berman. Según el diputado del Partido Democrático Fabio Porta, la n’dranghetta habría falsificado las boletas con las que fueron electos Di Girolamo por los italianos europeos y Caselli por los italianos en América. En marzo de 2010, el Pueblo de la Libertad desmintió que Caselli estuviera bajo investigación, pero hace dos semanas el diario Il fatto quotidiano informó que el fiscal romano Giancarlo Capaldo denunció a Caselli por fraude electoral y falsificación de instrumento público. La causa se extiende al ex cónsul en Buenos Aires, Giancarlo María Curcio, a su jefe informático Marcello Valeri, al cartero Oscar Andreani y al calabrés Francesco Arena, que transmite en Radio Splendid el programa Italia Tricolor. Debido a estas desgracias, la Fundación dejó de pagar los alquileres, el propietario consiguió el desalojo y la justicia la declaró en quiebra. También se secaron los fondos para la estrambótica candidatura presidencial de Caselli. La menguada influencia que aún ejerce el ex embajador, como agente vaticano inserto en el sistema político italiano, se ejerció en estos días para conseguir que la nueva investigación por lavado de dinero al famoso IOR que administraba la Santa Sede y usaba la mafia, no la realizaran las instituciones europeas sino las de la conversable Italia de Berlusconi. Por eso, el Papa y su jefe de gabinete, Tarcisio Bertone instaron a ambas facciones a una tregua y a emprender una fuga hacia delante, con una nueva arremetida contra el gobierno en defensa de causas nobles, como la lucha contra la droga, la pobreza y la inseguridad.