Cuando la regulación es urgente y necesaria

El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.

 Por Sebastián Premici

En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.

Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.

Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.

Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.

En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.

“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.

Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.

En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.

En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.

El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.

En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.

De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.

El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.