Soja y maíz ocultos, responsables a la sombra

ORDENAN OTRAS OCHO DETENCIONES EN UNA MEGACAUSA POR EVASION CON VENTA DE GRANOS EN CORDOBA

La operación involucra la comercialización de 650 mil toneladas de soja y maíz, que incluso se exportaban a Chile. Una extensa red económica operaba en el centro y sur de Córdoba a través de firmas truchas y sin declarar un kilogramo.

La Justicia Federal de Córdoba ordenó ocho nuevas detenciones en una megacausa por evasión en la comercialización de granos iniciada por una denuncia de la AFIP. Estos pedidos de prisión, informados ayer por el organismo recaudador, se suman a otros ocho librados anteriormente en la misma causa, que alcanzaron a profesionales (contadores y abogados), productores y acopiadores que habrían montado una llamativa red de empresas fantasma para adquirir, acondicionar, transportar y vender soja y maíz, al mercado interno y al exterior, sin declararlo. El ocultamiento al fisco involucra, por lo verificado hasta ahora, operaciones por 650 mil toneladas de granos valuadas en 430 millones de pesos.

La investigación, a cargo del juzgado federal de Villa María, se inició a partir de las pruebas aportadas por la regional Río Cuarto de la AFIP a mediados de 2009. A través de distintos procedimientos, esa dependencia había logrado detectar un importante volumen de operaciones hechas a nombre de empresas fantasma, es decir, sin existencia real y a cuyo frente se presentaban personas patrimonialmente insolventes. Estas empresas ocultaban su existencia ante el fisco, con lo cual las operaciones de compraventa de granos se realizaban en las sombras, ocultando ante el fisco la real identidad de los operadores (productores, acopiadores, comercializadores y exportadores).

La investigación llevó a descubrir que muchas de las operaciones bajo sospecha tenían relación entre sí, lo cual dio lugar a la detección de la existencia de un poderoso grupo económico, con ramificaciones en el centro y sur de Córdoba, que tenía como actividad principal la producción y comercialzación de soja y maíz, pero que ya se había extendido a otros rubros conexos. Por ejemplo, en los últimos años se comprobó que el giro de negocios del grupo involucrado logró incorporar dos plantas de acopio u procesamiento de granos, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje y de traslado del producto a Chile, además de autos importados (marcas Audi, BMW) de uso personal de los empresarios a cargo de las maniobras. Todos estos bienes figuraban registrados a nombre de las aludidas empresas fantasma.

Estas evidencias dieron lugar a una serie de allanamientos durante el año pasado, ordenados por el juez federal de Villa María Mario Garzón, en estudios profesionales de contadores presuntamente vinculados con la maniobra y oficinas y domicilios pertenecientes a empresarios ligados a la operatoria. Tras el secuestro y análisis de un centenar de cajas conteniendo documentación que probaría los hechos investigados, el juez ordenó ocho detenciones, de las cuales se hicieron efectivas cinco en los primeros días de septiembre de 2010.

Según se informó en la oportunidad, “se pudo establecer la participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones en la zona centro y sur de Córdoba y se extiende a Mendoza, desde donde se concretan las exportaciones que el mismo grupo realiza a Chile”. En la misma ocasión se precisó que se presumía la comercialización de unas 650 mil toneladas de soja y maíz a través de este mecanismo irregular, por un valor calculado en 430 millones de pesos. Una semana atrás, el miércoles 16, dos responsables de estudios contables de la provincia de Córdoba fueron detenidos por orden del juez Garzón presuntamente relacionados con la misma causa. Las detenciones se efectuaron en dos procedimientos simultáneos, uno en la ciudad de Villa María y el otro en Río Tercero. Ambos, profesionales pertenecientes a estudios contables de cada una de estas ciudades.

Según publicó El Diario, de Córdoba, el día posterior a los procedimientos, uno de los detenidos es el titular del estudio Alvarez y Asociados, de la ciudad de Villa María. Cita el mismo medio que dicho estudio ya había sido allanado en otra oportunidad en relación con esta misma causa.

Este bufete se especializa en brindar asesoramiento al productor agropecuario “en la aplicación de herramientas económico-financieras y de gestión que posibilitan el desarrollo integral de la empresa agrícola-ganadera”, según ofrece en su página web. Ahora se lo investiga por presunta infracción al régimen penal tributario en el artículo que pena a quien “dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de delitos”.

El mismo régimen penal tributario impone penas de tres años y seis meses a diez años a quien “formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley”. Entre ellos, el “cohecho” o evasión fiscal.

Según información proveniente de la propia provincia de Córdoba, otras dos personas habrían sido detenidas en los últimos días dentro de la misma megacausa, con ramificaciones que irían más allá de las jurisdicciones citadas. Con respecto a las órdenes de detención citadas por el comunicado de la AFIP de ayer, no hubo información adicional con respecto a cuántas fueron efectivamente concretadas ni con respecto a la identidad de los involucrados. La causa aún se encuentra en secreto de sumario, lo cual justifica a su vez el silencio del juez.

Pero en las últimas semanas hubo otros procedimientos que podrían estar directamente vinculados con la megacausa cordobesa o, por lo menos, responderían a un mismo patrón o modus operandi de los evasores. En la provincia de Salta, la Justicia Federal ordenó y ejecutó cinco detenciones relacionadas con la evasión de granos, entre contadores, productores y colaboradores de uno u otro. También en esa causa se analiza el uso de “prestanombres” o firmas “truchas” para ocultar las operaciones, que eran inscriptas a nombre de gente sin capacidad económica que reclutaban los estudios contables. Se esperaba, para las semanas siguientes, más de veinte allanamientos, para evaluar los alcances de la operatoria y la posible vinculación con la aceitada red que funcionaba en Córdoba.