FALLO A FAVOR DEL GOBIERNO
El juez en lo comercial Eduardo Malde notificó a la Comisión Nacional de Valores que se hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el organismo y ordenó a la empresa Papel Prensa la restitución de los tres directores por el Estado Nacional que fueron separados en agosto pasado.
"La Justicia aceptó que los atributos de la Constitución nacional impiden que una empresa pueda ponerse por encima de las leyes", sostuvo el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.
El fallo dispone la continuidad de Beatriz Paglieri, Eduardo Omar Gallo y Pablo Aldo Cerioli, como representantes titulares del Estado nacional en el órgano de conducción de la principal productora de papel celulosa, cuyo accionistas privados y mayoritarios son el Grupo Clarín y el diario La Nación.
La medida de Malde, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 20, ordena además que Papel Prensa difunda la disposición a través de una comunicación a la autopista de información financiera de la CNV.
En su reunión del 18 de agosto de 2010 el directorio de Papel Prensa resolvió desaprobar la gestión de los directores por el Estado en el ejercicio que cerró el 31 de diciembre de 2009, los apartó de sus cargos y les inició una "acción social de responsabilidad". La Comisión de Valores rechazó la separación en aquel momento y señaló que la empresa había interpretado en forma aislada la Ley de Sociedades, "sin tener en cuenta que hay que verla en conexión con todas las normas en el país".
La Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 7, otorga a la Presidencia de la Nación -en este caso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- las facultades para designar a los representantes del Estado, indicó entonces la CNV. La resolución del organismo fue rechazada por otro fallo judicial, pero ahora el juez Malde aceptó el argumento de que la separación de los directores genera distintos perjuicios al Estado nacional, a los otros accionistas y a los inversores.
Días antes de la decisión tomada en agosto por Papel Prensa, la comisión fiscalizadora de la empresa había difundido un minucioso informe que denunciaba "extremas irregularidades y debilidades de control" que ponían en riesgo la continuidad de la firma. Esa auditoría detectó que "toda la operatoria está destinada a satisfacer a los socios privados".
Tras la medida, la CNV analiza la validez de la última reunión de directorio de la compañía, que se celebró la semana pasada. En esa oportunidad se decidió dar cinco días para la aprobación del balance del primer trimestre del año y se convocó a una asamblea ordinaria para el próximo 4 de julio. La Comisión tiene bajo estudio, asimismo, la totalidad de las decisiones que se tomaron en los últimos nueve meses, es decir, el período en que cesó la actuación de los directores estatales.
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