El presidente de River Plate, Daniel Passarella, podría llegar a juicio oral por los disturbios que se produjeron en el partido en el que el equipo de Núñez descendió a la B Nacional. El fiscal penal y contravencional Gustavo Galante pidió la elevación a juicio y propuso que sea condenado a una multa de 100 mil pesos y prohibición de concurrir a los estadios durante un año. Passarella quedó acusado de sobreventa de entradas, con el agravante de los accidentes ocurridos.
La imputación comprende también el haber permitido el ingreso de público sin entrada y "haber omitido recaudos de organización y de seguridad". Por esos cargos, la lista de imputados incluye, además de Passarella, a Diego Turnes, vicepresidente; José Omar Solassi, vice segundo; Carlos Mosquera, presidente del Departamento de Seguridad; Daniel Alfredo Bravo, secretario general; Gustavo Quinteros, responsable de seguridad en el fútbol; Luis Renzi, tesorero; Cristian Francisco, gerente de Estadio; y Luis María Delaico, jefe de Seguridad del club.
Para el club, el fiscal pidió una multa de 100 mil pesos y una clausura por 30 días. Galante consideró casi un centenar de "elementos probatorios" para formular la acusación contra Passarella por los episodios registrados el 26 de junio pasado, cuando River igualó 1-1 con Belgrano de Córdoba y descendió a la B Nacional y convocó a prestar declaración testimonial a 85 personas.
El funcionario judicial pidió penas de 50 días de arresto para Passarella, Turnes, Solassi, Bravo, Renzi y Francisco, para quienes también solicitó "la restricción de concurrir a eventos deportivos que dispute el Club Atlético River Plate" por un año. Para Mosquera, Quinteros y Delaico la pena pedida es de 60 días de arresto, más la prohibición de concurrir a eventos deportivos durante 365 días.
Galante también pidió la elevación a juicio por los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2010, en ocasión del Superclásico ante Boca Juniors disputado en el Monumental, cuando "ingresaron al estadio al menos 54.100 espectadores, cantidad ampliamente superior a la capacidad autorizada, que fija el límite de 40.271 espectadores".
Por ese episodio el fiscal reclamó penas de multa de 100 mil pesos para el club y los dirigentes, y la clausura también por 30 días de las instalaciones. El fiscal contempló, al momento de pedir las condenas, "la educación, el nivel socio-económico-cultural de los imputados, su actitud durante y después de cometida la contravención".
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