Por Mario Wainfeld
El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi estaba en preembarque a la sociedad civil desde el momento en que pronunció frases torpes, frívolas e insensibles referidas a la tragedia de Once. Las retocó sin mayor convicción un día después, pero no tuvo la mínima nobleza de pedir disculpas. Nada dijo de ellas en su carta de renuncia, divulgada ayer antes de que el Gobierno la aceptara formalmente o diera cuenta de su presentación. Invocó motivos de salud, que son públicos pero que fungen de excusa antes que de explicación completa. Schiavi aprovechó la carta para hacer una entusiasta elegía de su trayectoria, que seguramente suscitará muy pocas adhesiones o ninguna. Y se puso a disposición del gobierno nacional y popular para cuando sea requerido.
La política tiene reglas severas, aunque muchas personas del común piensen lo contrario. Su desempeño ulterior a la tragedia y sus palabras serán, para siempre, las primeras líneas de su currículum. Cualquiera que imagine convocarlo las tendrá en cuenta y, si es sensato, obrará en consecuencia.
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La dinámica de Su Señoría. Por añadidura, el juez federal Claudio Bonadío había resuelto prohibirle la salida del país, junto a otros funcionarios y a directivos de la empresa TBA. Sin mediar citación a indagatoria o procesamiento la medida no es muy prolija técnicamente, cuanto menos es prematura. Conviene no exagerar: no se trata, en la práctica, de una restricción muy severa. Los concernidos, aun en situaciones procesales más graves que las actuales de Schiavi, pueden solicitar su levantamiento transitorio, alegando motivos fundados. Endeble técnicamente, la prohibición es una señal político-mediática muy drástica. Acentuó, por si hiciera falta, la debilidad del ex secretario.
Tal vez, especula el cronista, el magistrado quiso demostrar que haber admitido al Estado como querellante no obsta a que se investigue a fondo a los funcionarios. Si así fuera, se trataría de un gesto ampuloso para disimular una decisión previa incorrecta.
Bonadío parece estar muy al pendiente de la repercusión mediática de la causa. Tanto que fundó en ella la declaración de secreto del sumario. En eso, el magistrado tiene sus razones. La difusión parcial de las pericias fomenta especulaciones y operaciones de todo tipo, en especial de la empresa TBA, muy vivaz en su relación con algunos periodistas, radios y canales de cable. Cuando se dice “difusión parcial” se quiere subrayar las dos acepciones de la segunda palabra: incompleta e interesada en favorecer a una parte.
De cualquier modo, los puntos de investigación que propone el fiscal Federico Delgado (cuya relación con el juez no es óptima, por ponerlo de algún modo) procuran relevar responsabilidades de gestión en Transporte, ligadas al contexto en el que se produjo el accidente. El dictamen unánime de la Auditoría General de la Nación también complica el escenario futuro de Schiavi. Se reseñan ahí deficiencias del servicio, del contralor y de la actuación de la Secretaría muy previos al día de la tragedia. Como fuera, Schiavi esperará el devenir del expediente como ciudadano raso.
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El relevo. Lo suple el intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ariel Ramos. Su nombramiento fue una sorpresa para muchos, incluidos integrantes de primer nivel del gabinete. La pregunta “¿quién es Ramos?” fue repetida en el mundillo periodístico pero también en despachos VIP. Por no hablar de los dirigentes opositores que no son santafesinos.
El designado es, a los efectos de la función que se le asigna, un dirigente de bajísimo perfil. De local, es muy otra cosa. Gobierna su ciudad desde 2007, fue reelecto en 2011 con más del 70 por ciento de los votos. Granadero Baigorria queda muy cerquita de Rosario, es una ciudad de mediano porte. Queda ahicito nomás del Remanso Valerio, paraje de pescadores cantado por Jorge Fandermole en su inigualable “Oración del Remanso”.
Volvamos, ay, de la belleza a la política. Ramos es un abogado, sin experticia conocida en materia de transporte. Milita en el Frente para la Victoria (FpV), es muy joven, aguantó los trapos durante el conflicto con “el campo”. Tiene expandida fama de buen gestor y así parecen pensarlo sus votantes, masa que amplió sensiblemente cuando fue reelegido.
En 2011, cuando la primaria obligatoria de Santa Fe, se alineó en el sector que lideraba el diputado Agustín Rossi. Tanto, que una de las diputadas provinciales electas del FpV fue propuesta por él. Pero Ramos no depende políticamente del Chivo Rossi, como sugirieron ayer algunos enfoques periodísticos. Como es habitual cuando de intendentes se trata, tiene su poder propio territorial, asentado en su municipio.
Ramos se comunicó con el Chivo Rossi y platicó con él recién después de aceptar el nuevo cargo. Pero no lo hizo antes, ni llegó a instancias del presidente del bloque de diputados del FpV.
Su relación fuerte con el gobierno nacional es el ministro de Planificación, Julio De Vido, que suele tender lazos con intendentes de todo el país, centrados en la obra pública. De Vido lo conoce bien, han tenido trato e intercambios intensos y es, sin duda, el mentor de un nombramiento inesperado.
A primera vista, la designación pone en el primer plano de las responsabilidades futuras a De Vido. No llegó un técnico de peso propio, ni un dirigente de volumen nacional.
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Poco cambio. Hasta ahora no se habló de cambios en la estructura de la Secretaría ni menos de la creación de un ministerio. Así contado, el relevo sabe a poco para quienes esperaban la creación de un ministerio como parte de una reforma integral, un nuevo modelo. Tal vez la necesaria reforma llegue en un tiempo más, tal vez no esté en el menú del Gobierno.
Para saberlo, en rigor, deberán esperarse otras decisiones vinculadas a los ferrocarriles. La Presidenta y De Vido, a sus instancias, vienen anunciando que llegarán cuando se conozca la pericia sobre el estrago de Once. El planteo no es estrictamente lógico: la mira del expediente es muy pequeña para decidir qué hacer con el sistema ferroviario, cuya crisis es previa a la tragedia. Pero puede tener una motivación política, que es dar al Ejecutivo un tiempo para imaginar medidas cuyo impacto perduraría durante años. De nuevo, habrá que ver.
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Un subte al Congreso: En el mismo día del previsible adiós a Schiavi, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que solicitará al Congreso que dirima el conflicto sobre la transferencia del subte, que la enfrenta con el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
Un aspecto virtuoso desde el vamos tiene la movida, enfatizado por Cristina, que es buscar una salida que evite una pantanosa judicialización de un entuerto político. La decisión, sin duda, levantará controversias jurídicas de todo tipo, más allá de las políticas.
La tragedia de Once, que clama por un esclarecimiento en Tribunales, tampoco puede ser resuelta por vía de la judicialización. La intervención cautelar de TBA, el recambio de Schiavi (aun con sus señaladas limitaciones) pueden (deberían, en todo caso) ser pasos en ese rumbo. En un lapso muy breve, quizás en este mismo mes, seguramente, la política dirá su palabra más allá de lo que defina “la Justicia”.
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