La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. No será citada a declarar la ex presidenta Isabel Perón.
La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. (Foto archivo)
La Justicia tucumana procesó ayer con prisión preventiva a medio centenar de personas, entre ellas al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por las torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado Operativo Independencia, antes del golpe militar de 1976, aunque rechazó un pedido de citar a indagatoria a la ex mandataria María Estela Martínez de Perón.
El juez federal Daniel Bejas procesó, entre otros, a los ex policías Roberto El Tuerto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, a los ex militares Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.
Además, el magistrado también procesó a los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, por este operativo que significó la intervención masiva de las Fuerzas Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia de Tucumán.
Al respecto, todos ellos están imputados como autores mediatos o materiales de delitos de lesa humanidad cometidos contra 269 víctimas antes del último golpe militar, entre febrero de 1975 y marzo de 1976.
"Durante el Operativo Independencia en Tucumán se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976", determinó la resolución.
Bejas sostuvo que los delitos de privación ilegítima de libertad con torturas, abuso sexual y homicidio cometidos durante el operativo, fueron parte de un "ataque sistemático desde el Estado contra sindicalistas y personas involucradas con la lucha social, a los que se habría identificado como «enemigos» del plan económico y político que definía la «nueva argentinidad», por lo que se considera configurado el contexto del delito de genocidio".
Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el Operativo Independencia, que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Acdel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del golpe de Estado.
Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, Bejas señaló "discordancias" que hicieron que la imputación en su contra sea "débil y confusa", al remarcar que si el Ministerio Público considera que durante el operativo las Fuerzas Armadas "actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época", las acusaciones deberían "también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil" y no "acotarse" a Isabelita.
"Este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las Fuerzas Armadas comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista ", apuntó el juez.
Grupos de ultraderecha. Y agregó que "dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega".
En el marco de la megacausa el Ministerio Público Fiscal substanció la investigación de delitos cometidos en perjuicio de 269 víctimas, imputando a un total de 138 personas, y al formular su ampliación de requerimiento de instrucción describió al Operativo Independencia como "una intervención masiva de las Fueras Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal con aquiescencia del gobierno civil en Tucumán".
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