Entre los acusados está el dictador Videla, el ex gobernador de las Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, además de otros militares, policías y civiles. Es por delitos cometidos antes del golpe del 76
La justicia tucumana procesó a 40 imputados, entre ellos militares, policías y civiles, por los delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado "Operativo Independencia", antes del golpe militar de 1976.
El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso la medida en un fallo de 500 fojas en el que procesó a los ex policías Roberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando de Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luis Labayru.
En tanto, dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Ángel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros. Según fuentes judiciales, en su fallo Bejas aclaró los motivos por los cuales no llamó a declaración indagatoria a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el "Operativo Independencia", que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi.
Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención. El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto "secreto" en el que ordenaba al Ejército iniciar el "Operativo Independencia".
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el "Operativo Indepedencia", "fueron sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como "La Escuelita", que operaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.
La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".
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