Sin las comodidades de Puerto Madero

López consideró que, si lo dejaba libre, Pedraza podría buscar eludir la acción de la Justicia. Lo señaló como involucrado en un intento de soborno a un camarista. También dispuso que sigan detenidos el Gallego Fernández y Alcorcel.

 Por Irina Hauser

El titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, recibió ayer una doble mala noticia: no sólo porque la jueza Wilma López le denegó la excarcelación por el homicidio de Mariano Ferreyra, sino porque al hacerlo lo señaló como involucrado en la investigación del intento de soborno a un camarista de la Cámara de Casación Penal para que liberara a los integrantes de la patota de su gremio presos desde octubre por el crimen. La magistrada también dispuso que sigan detenidos Juan Carlos “Gallego” Fernández, número dos del sindicato, y el delegado Claudio Alcorcel.

La UF intentó durante el día ejercer la máxima presión para conseguir la libertad de los dirigentes ferroviarios con el anuncio de un paro en la mayoría de los ramales (ver página 2). Pero la jueza, al atardecer, rechazó excarcelarlos con el argumento de que podrían entorpecer el avance de la investigación, que aún está en pleno de-sarrollo, y tuvo en cuenta las reiteradas amenazas sufridas por varios de los testigos que permitieron reconstruir los sucesos y de las que incluso fue blanco la fiscal inicial del caso, Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad. También sostuvo que existe peligro de que se fuguen, según informaron allegados a la causa. El defensor de los tres ferroviarios, Carlos Froment, ya anunció que apelará la medida.

Instigadores

Al resolver, López puso una calificación penal provisoria, que describe a Pedraza, Fernández y también a Alcorcel como presuntos instigadores y organizadores de “un emprendimiento criminal previamente acordado” con quienes integraron la patota que atacó con palos, piedras y armas de fuego a un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados y agrupaciones sociales que reclamaban puestos de trabajo en planta. Pretendía ser un gesto “aleccionador” para que no volvieran a intentar cortar las vías, determinó la magistrada, quien les imputó el homicidio calificado de Mariano Ferreyra, la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos (heridos de bala) y lesiones sufridas por otra decena de personas. Todavía, de todos modos, tiene que decidir si los procesa por esos delitos, que prevén penas de prisión perpetua.

El punto más revelador de la resolución de ayer es el que señala como agravante, al negarles la libertad a Pedraza y el Gallego Fernández, el hecho de que aparecen bajo sospecha en una causa que tramita aparte, donde se investiga la tentativa de comprar el voto del camarista de Casación Eduardo Riggi, con el fin de que dejara en libertad a integrantes de la fuerza de choque procesados como autores materiales del asesinato de Mariano y el ataque a los tercerizados. En rigor, ese expediente se inició por una denuncia de la propia jueza López, quien descubrió las aparentes tratativas para el soborno en las escuchas telefónicas que había ordenado en la pesquisa del crimen de Ferreyra.

Todo hace pensar, según especulan los habitués de Tribunales al atar cabos, que los teléfonos que estaban siendo escuchados, al menos algunos, eran los de Pedraza. En las gestiones aparecerían implicados –según confirmaron allegados al expediente– el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien actuaba como abogado defensor de uno de los detenidos (el picaboletos Guillermo Uño) y un intermediario que sería cercano a la UF, Juan José Riquelme. El camarista de Casación, al parecer, era mencionado por su nombre de pila. Lo que todo el mundo sabe en Tribunales es que Aráoz de Lamadrid fue su secretario letrado y tenían una relación de mucha confianza.

Un dato que le daba verosimilitud a lo que surgía de las conversaciones registradas era que, en efecto, cuatro de los imputados –los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez y los delegados Pablo Díaz y Jorge González– habían recurrido a Casación a fin de año para reclamar que los excarcelaran. Más adelante se sumó Uño. El juez Riggi estaba de turno la primera quincena de enero. Pero al parecer ya circulaban rumores de presuntas irregularidades y, al final, resolvieron los jueces de turno de la segunda quincena, que los dejaron a todos presos. Aun así, presentaron otros recursos ante la misma Cámara pidiendo que revise los procesamientos por homicidio con prisión preventiva.

El sorteo se hizo el 26 de enero y le tocó la causa a la Sala III, que casualmente integra Riggi. El magistrado, finalmente, se excusó por razones de decoro la semana pasada, mientras avanza la causa que quedó caratulada como posible “tráfico de influencias”. Como el tema salió a la luz, cuando le allanaron el estudio a Aráoz de Lamadrid, la coima –si es que iba a existir– no llegó a concretarse. La Policía Federal incluso incautó fajos de billetes en sus oficinas para analizar su origen. Según versiones provenientes de esa fuerza, serían 50 mil dólares.

Agravantes

El juez que tiene el caso es Luis Osvaldo Rodríguez, aunque en estos días circulan fuertes versiones de que se declararía incompetente y se la devolvería a la jueza López, ya que se encontraría en directa relación con la causa sobre el asesinato de Mariano. Una pista al respecto se la dio la propia magistrada a Pedraza, cuando le preguntó si conocía a Riquelme, el aparente gestor en la cocina del soborno, y la respuesta del dirigente sindical fue un “sí”.

¿Por qué le podía interesar a Pedraza que los acusados, integrantes de la patota, salieran en libertad? Podría pensarse que era una forma de debilitar la causa y poner en entredicho la decisión judicial de mantenerlos presos, una medida que ya se sabía que podía tocar también a él, cuya indagatoria había sido pedida por primera vez en noviembre por la fiscalía.

Esta posible relación de Pedraza con el intento de soborno fue planteada por la mañana como agravante en el dictamen del fiscal Fernando Fiszer, quien además definió la causa judicial sobre la patota ferroviaria y el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) como un asunto de “gravedad institucional” que “perturba el sentimiento de la seguridad de todos y puede afectar las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática”.

Fiszer sostiene que está comprobado que Pedraza y Fernández estaban “conectados y coordinados” con el delegado Díaz, quien comandaba la patota en pleno ataque a los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban, “en el mismo momento en que los acontecimientos se desarrollaban”. Fernández hablaba por teléfono con Díaz, mientras se encontraba con Pedraza en la sede del gremio. Según el fiscal, ellos “organizaron” el grupo de choque “prometiendo en cada caso un rédito económico”.

Como reveló Página/12, los allanamientos en la casa de Pedraza, de Fernández, en el gremio y en la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur precipitaron las detenciones. En el sindicato habrían encontrado ropa utilizada por integrantes de la patota. También pruebas del vínculo de Pedraza y su entorno con la cooperativa, que es una de las tercerizadas utilizadas para contratar a los ferroviarios con bajos salarios. De hecho, en la indagatoria Pedraza reconoció esa relación. Para la Justicia podría ser un elemento que explique el interés por atacar a quienes cuestionaban ese modelo de precarización laboral.

“Estamos intentando llegar a las entrañas de lo que aparece como una compleja organización cuyo alcance a la fecha no se puede precisar”, afirmó Fiszer en su dictamen de ayer. Lo que es evidente es que la presunta vinculación de Pedraza con un soborno ligado a este caso reforzaría las sospechas sobre papel en los hechos.