Dos organizaciones de extrema derecha, el pseudosindicato Manos Limpias y y la asociación Libertad e Identidad, acusan a Garzón por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos por el franquismo. La fiscalía pide la absolución. Garzón acusaba al dictador Francisco Franco y a 44 altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de delitos contra los derechos humanos.
Suspendido desde hace dos años como juez instructor de la Audiencia Nacional española, Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100 mil personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero tuvo que abandonar esta investigación porque la fiscalía le obligó a inhibirse.
La semana pasada, Garzón fue sometido a un primer juicio por prevaricación, acusado de haber violado el derecho de la defensa al haber ordenado la intervención de conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de una vasta trama de corrupción y sus abogados, en la denominada trama Gürtel.
Garzón, de 56 años, alcanzó renombre internacional con el inicio de procesos contra los represores de la última dictadura militar en Argentina y por haber ordenado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, aunque al final no consiguió su objetivo de que este fuese extraditado a España.
En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos".
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