Procesaron con prisión preventiva a 50 represores del Operativo Independencia

La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. No será citada a declarar la ex presidenta Isabel Perón.

La decisión de la Justicia tucumana es extensiva a Jorge Videla y Mario Menéndez. (Foto archivo)

La Justicia tucumana procesó ayer con prisión preventiva a medio centenar de personas, entre ellas al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por las torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado Operativo Independencia, antes del golpe militar de 1976, aunque rechazó un pedido de citar a indagatoria a la ex mandataria María Estela Martínez de Perón.

El juez federal Daniel Bejas procesó, entre otros, a los ex policías Roberto El Tuerto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, a los ex militares Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.

Además, el magistrado también procesó a los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, por este operativo que significó la intervención masiva de las Fuerzas Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia de Tucumán.

Al respecto, todos ellos están imputados como autores mediatos o materiales de delitos de lesa humanidad cometidos contra 269 víctimas antes del último golpe militar, entre febrero de 1975 y marzo de 1976.

"Durante el Operativo Independencia en Tucumán se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976", determinó la resolución.

Bejas sostuvo que los delitos de privación ilegítima de libertad con torturas, abuso sexual y homicidio cometidos durante el operativo, fueron parte de un "ataque sistemático desde el Estado contra sindicalistas y personas involucradas con la lucha social, a los que se habría identificado como «enemigos» del plan económico y político que definía la «nueva argentinidad», por lo que se considera configurado el contexto del delito de genocidio".

Entre los aspectos más relevantes del expediente, el magistrado no hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que preste declaración indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el Operativo Independencia, que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Acdel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del golpe de Estado.

Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, Bejas señaló "discordancias" que hicieron que la imputación en su contra sea "débil y confusa", al remarcar que si el Ministerio Público considera que durante el operativo las Fuerzas Armadas "actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época", las acusaciones deberían "también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil" y no "acotarse" a Isabelita.

"Este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las Fuerzas Armadas comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista ", apuntó el juez.

Grupos de ultraderecha. Y agregó que "dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega".

En el marco de la megacausa el Ministerio Público Fiscal substanció la investigación de delitos cometidos en perjuicio de 269 víctimas, imputando a un total de 138 personas, y al formular su ampliación de requerimiento de instrucción describió al Operativo Independencia como "una intervención masiva de las Fueras Armadas y la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal con aquiescencia del gobierno civil en Tucumán".

http://www.lacapital.com.ar/politica/Procesaron-con-prision-preventiva-a-50-represores-del-Operativo-Independencia-20121229-0032.html

Para Susana Trimarco, los jueces tucumanos “se tienen que ir”

Así lo aseguró la mamá de Marita Verón, luego de que un tribunal absolviera a todos los acusados de secuestrar a su hija. “Son gente que no entiende, no se actualiza, no se arremanga la camisa y no se ponen en el lugar de las víctimas sino que protegen a los delincuentes”, agregó

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INFOnews

Luego del escandaloso fallo en el que la Justicia tucumana absolvió a las trece personas acusada de secuestrar y explotar sexualmente a Marita Verón, su mamá, Susana Trimarco, volvió a referirse a los magistrados encargados de impartir justicia.

“Son gente que no entiende, no se actualiza, no se arremanga la camisa y no se ponen en el lugar de las víctimas sino que protegen a los delincuentes. Se tienen que ir, porque queremos jueces que vengan a hacer justicia, no injusticias. Queremos jueces que se actualicen, que se capaciten, que aprendan”, solicitó la mujer, que tras tantos años de lucha se convirtió una referente en Derechos Humanos.

“Este es un delito que durante muchos años ha estado oculto. Pero vengo hace 11 años luchando, y han esperado hasta último momento para no entender lo que significa, lo que es la Trata de personas, un delito complejo, y que hagan lo que hicieron no tienen vergüenza” expresó Trimarco.

“El fiscal de Estado se fijó en la causa, trabajó en conjunto con nosotros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también y aconsejó que esta gente –por los acusados- tiene que ir a juicio oral y público y los únicos que no ven nada son ellos”, señaló la mamá de Marita, en una serie de nuevos cuestionamientos a los jueces que fallaron de manera escandalosa.

http://www.infonews.com/2012/12/28/sociedad-54349-para-susana-trimarco-los-jueces-tucumanos-se-tienen-que-ir.php

El hundimiento del crucero General Belgrano fue decidido en un almuerzo de Thatcher

La decisión de atacar al crucero el 2 de mayo fue tomada por Margaret Thatcher y su gabinete durante un encuentro en Chequers, en el que se decidió “flexibilizar” la zona de exclusión.

Los casi 3.500 documentos que desclasificó hoy el Archivo Nacional británico sobre la Guerrra de Malvinas tienen una carpeta titulada “el hundimiento del Belgrano”, con telegramas y correspondencias enviados entre distintos representantes de la Cancillería sobre el incidente, considerado por Argentina como un crimen de guerra.

El 5 de mayo de 1982, durante una cena de representantes de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), el secretario del Eurogrupo, Kevin Tebbit, sostuvo que el entonces ministro de Defensa británico, John Nott, había afirmado: “La decisión política (de atacar al buque argentino) fue tomada por un grupo de ministros, liderados por la primer ministro”.

El encuentro al que se refiere es el almuerzo que hubo en Chequers, la casa de campo que tiene el primer ministro del Reino Unido, el 2 de mayo de 1982 donde, de acuerdo a la versión oficial de la historia británica y a distintas biografías, Thatcher dio la orden de hundir al Belgrano, pese a estar fuera de la zona de exclusión.

Según el entonces Canciller, Francis Pym, “si bien el incidente ocurrió fuera de la zona de exclusión, fue de acuerdo a las Reglas de Combate acordadas el 2 de mayo”, mismo día del hundimiento.

En distintas correspondencias el ministro explicó que la posición británica es que la acción “se realizó en defensa personal” y se tomó también de acuerdo a una orden del 23 de abril de “atacar a cualquier buque o submarino que fuese una amenaza para el Grupo de Tareas”.

Por su parte, John Weston, jefe del Departamento de Defensa del Foreign Office, reconoció que “el hundimiento del Belgrano respondió a una decisión de los ministros de flexibilizar las actuales reglas del combate para permitir a nuestros submarinos nucleares atacar los buques de guerra argentinos”.

A diferencia de lo que habría dicho Nott y de la historia oficial, Weston explicó que en ese almuerzo que encabezó Thatcher se tomó esa decisión, pero sin mención específica a ningún barco.

Las correspondencias dejan en claro que Londres estaba al tanto que el ataque que realizó el submarino nuclear HMS Conqueror y que causó la muerte a 323 soldados argentinos, ocurrió a 30 millas naúticas al sudeste de la zona de no agresión.

El Reino Unido era tan consciente de su acción que el jefe de la delegación británica ante las Naciones Unidas estaba “preocupado” que “pueda tener un efecto adverso en el sentimiento” de la organización respecto al papel británico en el conflicto.

Otras correspondencias reveladas muestran cuestionamientos a la forma en que el Reino Unido se comportó para intentar rescatar a los sobrevivientes del Belgrano.

Una de las cartas, firmadas por el funcionario de la Cancillería británica Terence Steggle tres días después del ataque, sostiene que “el Ministerio de Defensa ordenó al Grupo de Tareas no interferir con los buques argentinos involucrados en operaciones de rescate, pero no quieren que esto sea conocido por el público”.

http://www.telam.com.ar/notas/201212/2755-el-hundimiento-del-belgrano-fue-decidido-en-un-almuerzo-de-thatcher.html

Tucumán: ordenan procesar a 40 imputados por el "Operativo Independencia"

Entre los acusados está el dictador Videla, el ex gobernador de las Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, además de otros militares, policías y civiles. Es por delitos cometidos antes del golpe del 76

Crédito foto: NA

La justicia tucumana procesó a 40 imputados, entre ellos militares, policías y civiles, por los delitos de torturas y asesinatos de militantes políticos durante el denominado "Operativo Independencia", antes del golpe militar de 1976.

El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso la medida en un fallo de 500 fojas en el que procesó a los ex policías Roberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando de Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luis Labayru.

En tanto, dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Ángel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros. Según fuentes judiciales, en su fallo Bejas aclaró los motivos por los cuales no llamó a declaración indagatoria a la ex presidente María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el "Operativo Independencia", que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y que fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi.

Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención. El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto "secreto" en el que ordenaba al Ejército iniciar el "Operativo Independencia".

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el "Operativo Indepedencia", "fueron sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como "La Escuelita", que operaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.

La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".

http://www.infobae.com/notas/688747-Tucuman-ordenan-procesar-a-40-imputados-por-el-Operativo-Independencia.html

La Afsca pidió que se habilite la feria judicial para resolver la Ley de Medios

“No tenemos dudas de que la ley es constitucional y que más tarde o más temprano se va a aplicar”, aseguró Sabbatella.

La presentación apunta a darle "celeridad" a la causa en la que ayer el máximo tribunal convalidó la extensión de la medida cautelar que frena, a favor del Grupo Clarín, el cumplimiento pleno de la legislación aprobada hace tres años. El objetivo es habilitar el receso de enero para que la Cámara en lo Civil y Comercial "resuelva en forma urgente" el tema, "ante la situación de gravedad institucional" que representa la indefinición de la cuestión de fondo: la constitucionalidad de los artículos 45 y 161.

El planteo se hizo luego de que la Corte Suprema rechazara también el per saltum solicitado por el Ejecutivo nacional y en el que ratificó que los plazos de adecuación a la ley por parte de todos los grupos de medios ya están cumplidos.

"Nos presentamos a la justicia pidiéndole que se tomen las medidas necesarias para resolver con celeridad y urgencia la cuestión, que se habilite la feria, los días y las horas, que no se tomen vacaciones y se pueda definir el tema", dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella.

Según el funcionario, "le hará muy bien a la democracia que esto se resuelva cuanto antes, ya que algo no funciona bien si pasan más de tres años para que pueda aplicarse una ley de la democracia, votada por amplias mayorías en el Congreso y avalada con un sentencia de constitucionalidad de un juez federal".

También destacó que, en su resolución de ayer, la Corte "ratificó lo que venimos diciendo respecto de que los plazos para la adecuación voluntaria están vencidos; por lo cual, en cuanto se resuelva la cuestión de fondo, continuaremos con el proceso de transferencia de oficio que ya le notificamos al Grupo Clarín".

"Esperamos que la Cámara se pronuncie pronto para que la ley pueda ser aplicada cuanto antes. Es fundamental resolver la cuestión de fondo y permitir que la ley sea para todos, sin excepciones ni privilegios", concluyó el funcionario.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-210797-2012-12-28.html

Condenan a perpetua a los imputados en el juicio de la masacre de San Nicolás

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario condenó ayer a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común a los tres imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos...

Vigilia. Militantes y familiares celebraron el fallo afuera del tribunal.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario condenó ayer a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común a los tres imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en San Nicolás y pidió que se investigue a otras personas como presuntos partícipes de los crímenes ventilados en el proceso oral.

El tribunal condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los ex coroneles Fernando Manuel Saint Amant y Antonio Federico Bossie —jefe y número dos del Area Militar 2012 con asiento en San Nicolás durante el terrorismo de Estado— y aplicó la misma pena al entonces jefe de la Policía Federal de esa ciudad Jorge Muñoz por la causa conocida como la masacre de Juan B. Justo.

En el juicio se ventilaron los pormenores de un operativo realizado en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de calle Juan B. Justo al 600 de San Nicolás por el Ejército y la policía, en el que fueron asesinados el matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y sus hijos María Eugenia y Fernando, de tres y cinco años.

También murió en ese episodio represivo Ana María Granada, quien alcanzó a resguardar con un colchón dentro de un placard a su bebé de apenas 5 meses, quien fue adoptado ilegalmente y luego recuperado por Abuelas para recuperar su identidad como Manuel Gonçalvez.

El tribunal también condenó a Saint Amant por la privación ilegítima de la libertad y los homicidios de seis militantes de la JP-Montoneros entre abril y mayo de 1977, y por el secuestro de José Emilio Mastroberardino, quien alquiló su vivienda a uno de los matrimonios desaparecidos.

En esa causa se investigaron las desapariciones y muertes de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira.

Por último, la sentencia contra el ex jefe militar contempló la sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y el robo agravado por haber sido cometido con armas contra los militantes de la JP-Montoneros.

La lectura de la sentencia fue seguida por cientos de militantes, familiares y ex detenidos durante la dictadura que se movilizaron hasta los tribunales federales, como viene ocurriendo cada vez que hay un juicio por delitos de lesa humanidad.

Tras conocerse la sentencia, Florencia Amestoy, familiar del matrimonio asesinado en la Masacre de Juan B. Justo, sostuvo que "la Justicia no repara las ausencias pero sí cura un poco el alma maltrecha".

"Llegamos a fin de año con mucha justicia en este país, un país más justo, más libre y más seguro porque los genocidas están donde tendrían que haber estado hace más de 30 años: tras las rejas", señaló visiblemente emocionada Amestoy.

En tanto, Víctor Almada, compañero de la desaparecida Regina Spotti, señaló que las condenas conocidas ayer "son el cimiento de una larga historia, porque hoy sólo había tres acusados y son muchos más".

"No tengo mucha paz pero sí una gran alegría, porque nuestro compromiso con la historia es largo", señaló el hombre que llevaba colgado de su cuello una fotografía de su mujer asesinada por la dictadura.

Por su parte, José María Cholo Budassi, representante de la Mesa de la Memoria de San Nicolás y testigo en el juicio, recordó que "nunca fueron tan acertadas las palabras de Néstor Kirchner cuando asumió y dijo: «Llegamos sin rencores pero con memoria»".

Y agregó el militante de los derechos humanos: "Hoy llegamos con rencores pero con justicia".

La lectura de la sentencia del tribunal integrado por los jueces Jorge Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani, fue acompañada por medio millar de militantes de las agrupaciones juveniles La Cámpora, Martín Fierro y JP-Evita, además de por las Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo de Rosario y la agrupación Hijos.

También acompañaron a las víctimas y los familiares los nietos recuperados Horacio Pietragalla (diputado nacional del Frente para la Victoria) y Victoria Montenegro, así como autoridades del gobierno de Santa Fe y legisladores y concejales de Rosario y otras localidades.

http://www.lacapital.com.ar/politica/Condenan-a-perpetua-a-los-imputados-en-el-juicio-de-la-masacre-de-San-Nicolas-20121228-0012.html

El líder de los espías del dictador Videla

El Batallón 601, símbolo de la tarea de Inteligencia del Ejército.

PROCESARON A CARLOS ALBERTO MARTINEZ, JEFE DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO DE LA ULTIMA DICTADURA

El juez federal Daniel Rafecas lo culpó de delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. Señaló que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”.

El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, ex jefe de Inteligencia del Ejército durante los primeros dos años de la última dictadura, fue procesado ayer por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. El juez federal Daniel Rafecas destacó que Martínez fue desde su cargo “el principal asesor del comandante general del Ejército”, léase del dictador Jorge Rafael Videla, y que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. El militar, de 84 años, detenido por primera vez en junio último y ahora procesado con prisión preventiva luego de 34 años de impunidad, seguirá gozando de arresto domiciliario en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Martínez fue procesado por su actuación como titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cuando pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, a la que volvería en los primeros años del menemismo de la mano de Juan Bautista Yofre. Rafecas lo imputó por su actuación en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros. El documento judicial que lleva la firma de Albertina Carón, secretaria del juzgado, tiene más de 3500 páginas e incluye el detalle de los delitos sufridos por cada víctima, imputados a Martínez como “partícipe necesario”: 1194 privaciones ilegales de la libertad, 696 tormentos (en tres casos seguidos de muerte) y 151 homicidios. Martínez “realizó un aporte fundamental respecto de los hechos acaecidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, aporte sin el cual seguramente las detenciones, tormentos, homicidios y desapariciones de personas no habrían alcanzado la magnitud y alto grado de lesividad constatado en la presente investigación”, destacó.

El juez responsabilizó a Martínez por operativos ilegales como los registrados en el Hospital Posadas, en la Quinta la Pastoril o Quinta de Moreno, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar; también lo procesó por siete secuestros ocurridos en Marcos Paz, incluido el del ex intendente Oscar Felipe Sánchez, por los secuestros de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos que están desaparecidos; y por el homicidio del coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón, a quien un grupo de militares arrojó al vacío desde un sexto piso la madrugada del golpe de Estado.

La responsabilidad de Martínez no sólo surge del cargo que ocupó y de los discursos de la época, sino también de documentación secuestrada durante los allanamientos a la casa donde vive, en España 865, partido de San Miguel y otra propiedad en Muñiz, también en San Miguel. La Justicia encontró allí directivas del funcionamiento de los órganos de inteligencia, un balance de gestión titulado “Experiencias y enseñanzas recogidas en la lucha contra la subversión”, y un cuestionario respondido a máquina en el que Martínez explica que el Batallón 601, que dependía de la Jefatura II a su cargo, le brindaba “apoyo técnico de interrogadores” al Primer Cuerpo de Ejército. Se trataba de “personal adiestrado en técnicas de interrogatorio y con un profundo conocimiento sobre la organización a la que perteneciera el detenido”, puntualizó.

El militar resaltó en otro escrito el rol de los infiltrados durante la dictadura. “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de esos tortuosos procedimientos denunciados (en referencia a los interrogatorios bajo tormentos), sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las FF.AA. y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”, escribió. “No debe ser soslayada la labor llevada a cabo por los agentes infiltrados”, sostuvo Rafecas, y apuntó que “son pocos los registros que se poseen hoy en día acerca del personal infiltrado en las organizaciones de la época”.

Durante los allanamientos también se encontraron documentos sobre la situación de Montoneros y el PRT-ERP en marzo de 1978. Rafecas apuntó que esas pruebas “ponen de manifiesto el conocimiento concreto que tenía Carlos Alberto Martínez, como máximo responsable del aparato de inteligencia y encargado de la conducción del ‘esfuerzo de inteligencia’, de las acciones y resultado de las mismas que eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad”. “Así, la información que recaía en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército proveniente de los sistemas de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad era utilizada por el Comando General del Ejército para trazar la estrategia de desarrollo de la ‘lucha antisubversiva’”, sostuvo el juez.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-210689-2012-12-27.html

El Gobierno promulgó la Ley de Trata de Personas

El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la norma sancionada el 19 de diciembre, es así que a partir de hoy habrá 90 días para su correspondiente reglamentación.

El Gobierno promulgó la Ley de Trata de Personas. Foto:archivo

La Ley 26.842 ordena, entre otras cosas, la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Su fin será constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la ley, que contará con autonomía funcional, sostiene el texto aprobado por el Congreso el 19 de diciembre y publicado hoy en el Boletín Oficial.

El 19 de diciembre en el Congreso , Susana Trimarco participó de la aprobación de la Ley.

Además, se aprobaron modificaciones a la ley 26.364, entre las cuales se incluye la prisión de cuatro a seis años “para el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

La nueva ley fija, además, que cuando la víctima fuere menor de 18 años la pena será de diez a quince años de prisión.

Asimismo, modificó el artículo 140 del Código Penal para condenar con “reclusión o prisión de cuatro a quince años para el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”.

También se sustituye el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente: “Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Otro cambio que incorpora el Código Procesal Penal es el referido al artículo 250 quáter. Ahora se estableció que “siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado por el Tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes”.

También se determinó que “cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una Sala Gesell, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual”. Por otro lado, cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares u objetos, la víctima “será acompañada por el profesional que designe el Tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado”.

En tanto, el artículo 28 de la promulgación de la norma, establece en un plazo máximo de 90 días contados a partir de hoy para su reglamentación, informa hoy Infobae.

PENAS

En tanto, la pena será de cinco a diez años de cárcel, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

http://www.elpatagonico.net/nota/179767-el-gobierno-promulgo-la-ley-de-trata-de-personas/

La Justicia confirmó el sobreseimiento a De la Rúa por la masacre de 2001

La querella había señalado que De la Rúa “tenía especial deber de control” sobre lo que ocurría tras la implantación del estado de sitio.

http://www.youtube.com/watch?v=h67HpxqQ7Hg&feature=youtu.be

La Sala I del máximo tribunal penal del país consideró que al ex presidente "no se le puede atribuir la responsabilidad" ya que "no ordenó el accionar policial", según indicó el abogado defensor de Fernando De la Rúa. La querella del CELS, que patrocina a familias de las víctimas Gastón Riva y Diego Lamagna, había advertido la importancia del fallo al considerar que el sobreseimiento significaría ubicar al presidente en el lugar de un "observador imparcial" y, por lo tanto, "darle un cheque en blanco a la policía”. Ahora, la setencia podrá apelarse mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

De esta manera, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Raúl Madueño, Luis Cabral, y Eduardo Riggi, consideró que el ex presidente no es penalmente responsable por los asesinatos de 5 manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la represión policial en su último día de gobierno, el jueves 20 de diciembre de 2001.

Para los jueces de la Casación “no puede pretenderse ubicar” a De la Rúa “como garante de comportamientos” de los policías represores porque aquel “desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el Estado de Sitio”.

También sostuvieron que “desde el punto de vista formal no existe como pretende los recurrentes ilegitimidad en el dictado del Estado de Sitio” puesto que para ello el Presidente “cumplió con los pasos que marca la ley suprema y los pactos internacionales”.

Recordaron que la Constitución Nacional establece que “es atribución del Presidente de la Nación declarar el Estado de Sitio en caso de conmoción interior cuando el congreso está en receso”.

Sin embargo, los camaristas opinaron que “si bien la situación política del país era complicada todavía no habían sucedido los hechos que justificaron que el ex presidente considerara que nos encontrábamos frente a un supuesto de conmoción interior”.

El recurso de Casación había sido elevado veinte días atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió el procesamiento de De la Rúa y consideró que el entonces presidente “se arrogó facultades que no tenía” al decretar el Estado de Sitio.

"El operativo de represión fue ilegítimo porque De la Rúa declaró el Estado de Sitio sin intervención del Congreso de la Nación pese a la obligación que imponen los artículos 65 y 29 de la Constitución Nacional en caso de conmoción interior”, había expuesto el CELS.

En su declaración indagatoria de la etapa de instrucción, el ex presidente aseguró que él no sabía nada y se enteró por "Crónica TV" de que había muertos en la Plaza de Mayo y sus alrededores por la represión policial.

Con el corralito bancario vigente desde el lunes 3 de diciembre de 2001, se registraban manifestaciones y cacerolazos en todo el país, hasta que a la noche del 19 de diciembre De la Rúa anunció que acababa de firmar el decreto 1678/01 imponiendo el "Estado de Sitio" en todo el territorio nacional.

Al día siguiente, jueves 20, las manifestaciones se multiplicaron en la plaza de Mayo y el centro porteño. El Gobierno mandó a la Policía Federal a sofocar las protestas y hubo cinco muertos por disparos de escopetazos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57); además de 117 heridos, mientras De la Rúa huía en helicóptero de la Casa Rosada.

Los únicos procesados que irían a juicio oral son el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza Raúl Andreotti y el ex Director General de Operaciones Norberto Gaudiero.

Para ese proceso, que aún no tiene fecha de inicio, el fiscal Marcelo Colombo reclamó que De la Rúa sea uno de los más de 150 testigos que deberán desfilar ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).

En total la violenta represión del 20 de diciembre causó en todo el país al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual De la Rúa renunció a la Presidencia de la República, apenas con medio mandato cumplido que debía finalizar el 10 de diciembre de 2003.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-210724-2012-12-27.html

Falleció una mujer herida el jueves pasado y suman cuatro los muertos durante los saqueos en Rosario

Carina Verónica Paz de 36 años falleció esta mañana tras permanecer internada desde el jueves pasado cuando recibió un disparo en el cráneo en España al 6300. Es crítico el estado de un joven de 16 años.

Una mujer de 36 años murió esta mañana en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) tras permanecer seis días en agonía luego de recibir un disparo en la cabeza el jueves pasado en España al 6300.

Carina Verónica Paz es la cuarta víctima fatal que dejaron los saqueos de la semana pasada en Rosario. Según algunos testigos la mujer había salido a la calle en busca de sus hijos y habría quedado en el medio de una balacera.

Los relatos recolectados por La Capital el viernes pasado indicaron que en el lugar se produjo un feroz intercambio de disparos cuando un grupo de personas intentaba asaltar los comercios de la zona, y Carina fue alcanzada por uno de esas balas que según los vecinos habría provenido del techo de uno de los negocios.

El director del Heca, Néstor Marchetti, confirmó a La Capital el deceso de Carina que se encontraba grave y en terapia intensiva desde el jueves. Mientras que es crítico el estado de un joven de 16 años que sufrió una herida de arma blanca y tiene afectados sus órganos vitales. El chico que reside en Avellaneda al 4500 se encuentra internado en el hospital Provincial.

En tanto el lunes 24 falleció Emiliano Sánchez, de 17 años, que había ingresado el jueves por la noche al Hospital Roque Sáenz Peña por una herida de bala que le afectó el miembro inferior derecho. El joven murió tras evolucionar de forma desfavorable de las heridas vasculares producidas por el arma de fuego.

La primera de las víctimas fue una mujer de 36 años, identificada como Silvia Bernachea, quien sufrió una herida en la arteria femoral y murió desangrada tras ingresar al Heca la misma noche del jueves.

Bernachea había estado en Presidente Quintana y Avellaneda, uno de los tantos puntos donde hubo enfrentamientos y robos a pequeños supermercados. Allí habría sufrido la herida mortal con un vidrio o un blíndex mientras ingresaba o salía de uno de los comercios.

Luciano Carrizo, un joven de 23 años, también murió en el momento en uno de los episodios que se produjeron el jueves por la noche en Arijón y Avellaneda. Recibió un impacto de bala en el tórax (con orificio de entrada y salida) que, aparentemente, provino desde el interior del local comercial al que intentaban ingresar.

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Fallecio-una-mujer-herida-el-jueves-pasado-y-suman-cuatro-los-muertos-durante-los-saqueos-en-Rosario-20121226-0061.html

La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo

Por Norma Giarracca y Enrique Viale

De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.

Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.

El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.

La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.

No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20 de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.

Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.

Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.

* Titular de Sociología Rural de UBA.

** Abogado ambientalista.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210622-2012-12-26.html

Caso Marita Verón: Fallo Absolutorio

Tucumán. El tribunal que integran los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvió a los 13 acusados del secuestro y desaparición en 2002 de la joven Marita Verón, víctima de una red de trata de personas. Emitido por Visión 7, noticiero de la TV Pública argentina, el martes 11 de diciembre de 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=k3KFi8-YZkU

El Caso Marita Verón es un proceso judicial iniciado el 8 de febrero de 2012, gira alrededor de María de los Ángeles Verón (conocida como Marita), una joven argentina de la provincia de Tucumán que fue secuestrada el 3 de abril de 2002, a los 23 años. La referencia al proceso es Caso N° 23554/2002, y el nombre del caso es David Gustavo Iñigo y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón.

Marita fue secuestrada por tratantes de personas para obligarla a ejercer la prostitución, y podría haber sido trasladada forzosamente a la provincia argentina de La Rioja.

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Marita_Ver%C3%B3n

“Quiero una Democracia plena y sin privilegios”

CFK PIDIO QUE SE RESPETARAN LAS LEYES Y QUE LA JUSTICIA FUERA INDEPENDIENTE DEL PODER POLITICO Y TAMBIEN DEL ECONOMICO

La Presidenta habló en los masivos festejos por el 29º aniversario de la democracia. “Demandamos mayor democratización en los tres poderes del Estado”, dijo, y reclamó “una Justicia que sirva al pueblo” y que “sea menos corporativa”.

Por Julián Bruschtein y Nicolás Lantos

”Si no se respetan las leyes, ¿de qué democracia estamos hablando?” La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se puso al frente de una multitud que desbordó largamente la Plaza de Mayo para dar uno de los discursos más encendidos de su segundo mandato, en el que volvió a argumentar sobre la necesidad de que tome plena validez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pidió: “Es necesario que la independencia (de la Justicia) no sea sólo del poder político, sino también del poder económico de las corporaciones. Quiero una democracia plena y profunda, comprometida y sin privilegios”. Su discurso fue el acto central de los festejos oficiales por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, una jornada que incluyó espectáculos y recitales, y que se replicó a lo largo del país.

“Demandamos mayor democratización en los tres poderes del Estado”, reclamó la Presidenta en un poco habitual tono imperativo. En un giro de su discurso, no sólo apuntó a los magistrados que desde hace tres años vienen demorando la plena aplicación de la ley de medios sino también a los que “dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir y matar”, recuperando un tópico, la inseguridad, que estuvo presente en las protestas opositoras de los últimos meses. “La gente está cansada –agregó–. Por eso necesitamos una Justicia que sirva al pueblo, que sea menos corporativa.”

Cristina tampoco se privó de mencionar con todas las letras a la Corte Suprema de Justicia (un actor central en los sucesos de estos días) cuando recordó que tras el golpe que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930 fue ese órgano el que convalidó el gobierno de facto de José Uriburu. Luego remarcó la decisión de Néstor Kirchner de renovar la Corte, origen de la actual composición del tribunal, porque “quería dar testimonio de una justicia independiente”. CFK se refirió a los poderes concentrados que se sirven de diversas esas herramientas para mantener el poder y pidió “que las Fuerzas Armadas tengan conciencia de cómo fueron utilizadas por grupos minoritarios para luego lavarse las manos”. En un guiño a los partidos de la oposición, recordó que esos mismos poderes han operado en su momento contra el radicalismo y que “cuando hubo intentos de golpe a Alfonsín el peronismo estuvo a su lado, como corresponde”.

La asistencia masiva a la Fiesta Patria Popular convocada por el Gobierno en vísperas del 29º aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina ya había excedido los pronósticos y parecía un pulpo gigante estirado sobre la Plaza de Mayo, mientras desplegaba sus tentáculos por las avenidas y calles circundantes. Según sus organizadores, la jornada convocó a unas 400 mil personas en los alrededores de la plaza, y a otras 400 mil en las diferentes actividades realizadas a lo largo del país.

A las columnas de organizaciones políticas (desde La Cámpora y el Movimiento Evita hasta pequeños grupos de no más de una decena de militantes, cada cual con sus propias banderas y colores), sindicatos y trabajadores de sectores del Estado se sumaban familias completas con chicos en brazos y grupos de adolescentes con termo y mate reglamentarios.

Para la hora en que la Presidenta subió al escenario, habían aflojado las idas y vueltas entre la Plaza y la Avenida 9 de Julio, por Avenida de Mayo y las diagonales Roca y Sáenz Peña, donde se instalaron stands y tarimas secundarias con shows musicales: la llegada de la mandataria ordenó al público que se acomodó para poder ver bien en las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos. El arribo de las columnas del PJ desplazó a algunos de los manifestantes “sueltos”, que presionados entre las banderas y la pared salían algo sofocados, con ayuda de voluntarios de la organización.

Luego de una particular pero pegadiza versión del himno nacional, interpretada en son cumbianchero por la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo y el grupo de percusión el Choque Urbano, CFK entregó los premios Azucena Villaflor a figuras destacadas por su rol en la lucha por los derechos humanos. Dos de los premiados, el músico Daniel Baremboin y el poeta Juan Gelman, enviaron por video un mensaje de apoyo a las políticas de derechos humanos.

Sobre el escenario, la Presidenta estuvo acompañada por figuras culturales y artísticas, y diversas figuras políticas de estricto sport, miembros del Gabinete y legisladores. A una decena de metros, un palco especial reunía a muchos otros funcionarios, diputados y senadores, entre otros. En el escenario también había, como siempre, lugar para la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sentadas en primera fila y con botellitas de agua mineral siempre a mano para combatir el calor. A ellas se refirió Fernández de Kirchner en un pasaje de su discurso, cuando habló de forma velada sobre la extensión de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de tener que adecuarse a las nuevas cuotas de mercado establecidas por la ley de medios, decidida el jueves pasado por la Cámara Civil y Comercial cuestionada por el Gobierno.

“Las convicciones nos hicieron fuertes, nos hicieron que estas mujeres tuvieran justicia –manifestó la jefa de Estado, señalando a las mujeres que la miraban de cerca–. ¿Cómo no vamos a esperar nosotros unos días o unos meses si ellas esperaron tantos años para tener justicia y saber la verdad? Ellas son el ejemplo.”

Cristina, que se definió a sí misma como “una militante política”, interactuó con los militantes que cantaban cerca del escenario: arrancaron con el clásico “Patria sí / Colonia no” y luego la emocionaron con un “Néstor querido / Siempre serás mi amigo”. La Presidenta los comparó con quienes se manifestaron contra el gobierno nacional en los últimos meses al señalar: “Nosotros no insultamos, no agraviamos, no descalificamos”, y comparó al kirchnerismo con la cigarra de la canción de María Elena Walsh, porque “la mataron mil veces y mil veces sobrevivió”, “apoyado en las convicciones y en las realizaciones”.

Hubo un momento de recuerdo de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, anfitriona hace dos días de la Cumbre de Mercosur, y visitante una semana antes en Buenos Aires, síntoma de que la relación entre ambas mandatarias es tan buena como siempre. “Apláudanla”, le pidió a la multitud que respondió dócil. A continuación, también, pidió por la salud del presidente venezolano Hugo Chávez, “un querido amigo que ayudó a la Argentina cuando nadie la ayudaba”, que sufrió en estos días una recaída en su lucha contra un tumor.

Por último, volvió a dirigirse a los cientos de miles que la veían desde la Plaza y las calles circundantes, y también a quienes seguían el mensaje por cadena nacional: “Lo que es imprescindible para tener no 29 años de democracia sino 200 o 300 es la unidad popular –propuso–. Sepan que no es que vengan por este gobierno ni por esta presidenta: vienen por las conquistas sociales”. En ese momento, alguien le gritó “Fuerza, Presidenta”, y ella retrucó: “Yo tengo toda la fuerza que me dan ustedes. Yo no aflojo si ustedes no aflojan”.

Según los organizadores, unas 400 mil personas disfrutaron de las actividades en los alrededores de Plaza de Mayo. foto: Joaquín Salguero

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209560-2012-12-10.html

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La Corte Suprema rechazó planteo de Clarín contra el "per saltum"

El tribunal desestimó “por manifiestamente inadmisible” un planteo que hizo hoy el multimedio para que el máximo tribunal rechace “in límine” el recurso extraordinario de per saltum que presentó el Poder Ejecutivo.

El multimedio había presentado el recurso ante la Corte a través de Grupo Clarín SA, Arte RadioTelevisivo Argentino SA, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital Cable SA.

Clarín intentó frenar el tratamiento de la Corte Suprema al pedido del Gobierno ante el máximo tribunal de la nulidad del fallo emitido por la Cámara Civil y Comercial Federal que extendió la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín, aún cuando el máximo tribunal del país había fijado el 7 de diciembre como límite de esa medida.

De este modo, por medio del per saltum, el gobierno nacional busca evitar que la apelación sea tratada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, cuya sala I dispuso ayer la extensión de la cautelar.

 

Fuente: InfoNews

http://www.cba24n.com.ar/content/la-corte-suprema-rechazo-planteo-de-clarin-contra-el-saltum