El Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó la pena de prisión perpetua para los líderes de la Unión Ferroviaria por considerarlo “instigadores” del crimen realizado por un “grupo de choque” que les respondía. Los alegatos continúan el viernes.
La familia de Mariano Ferreyra, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la pena de prisión perpetua para el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, para otros siete ferroviarios y para seis oficiales de la Policía Federal por el crimen del militante del Partido Obrero.
En el primer alegato de la causa, el organismo de Derechos Humanos reclamó perpetua también para el segundo del gremio,Juan Carlos “Gallego” Fernández; para el barra brava Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de efectuar los disparos, y para los comisarios Hugo Lompizano, Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, entre otros.
La querella pidió al Tribunal Oral Criminal 21 que los líderes de la Unión Ferroviaria sean condenados como “instigadores” del asesinato acontecido durante una protesta de empleados tercerizados que protestaban en las cercanías de las vías del Ferrocarril Roca en octubre de 2010.
En su exposición los abogados consideraron que se trató de un “homicidio calificado agravado por el concursos de dos o mas personas” según un “plan previamente articulado para “aleccionar” a los trabajadores precarizados.
La representación de la familia del joven consideró que en juicio quedó “probado con certeza el rol de instigadores” del jefe gremial y su mano derecha en “un plan criminal previo” a los hechos.
El móvil para idear el crimen, sostuvo la defensa, era “conservar la hegemonía política” dentro de la Unión Ferroviaria y mantener “la estructura de negocio basado en la tercerización laboral”.
Mientras se leía el pedido de condenas, en las afueras de Comodoro Py y bajo la lluvia un nutrido grupo de manifestantes acompañó a los familiares de Ferreyra y a los tres heridos de las jornadas de octubre de 2010, cuyo alegato se leerá el viernes.
Los hechos que analiza el juicio que está en su etapa final mostraron las turbias relaciones existentes entre sindicalismo, poder político, fuerzas de seguridad, grupos de particulares con poder de fuego y poder judicial. Además, pusieron en discusión la actuación de los agentes policiales frente a la protesta social, el modelo sindical, la precarización y tercerización ferroviaria y el rol del Estado frente a las problemáticas laborales.
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