Por Carlos del Frade
(APe).- El narcotráfico comenzó siendo un negocio paraestatal de la dictadura argentina a partir de las relaciones tejidas desde el Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Eran los tiempos de Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Videla y Emilio Massera, por un lado; y los altos oficiales del ejército boliviano que luego desatarían la dictadura del 17 de julio de 1980, general Luis García Meza y coronel Luis Arce Gómez.
Así se desprende de la declaración de un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino realizada en Brasil en el año 2009 y que, por primera vez, es publicado en esta nota. De tal forma, los primeros envíos masivos de cocaína a través de la ruta 34 fueron la consecuencia de un acuerdo que venía estableciéndose, por lo menos, desde los tiempos del Mundial de 1978, entre funcionarios de las dictaduras de Hugo Banzer y Videla. Esta es la historia que sigue desarrollándose por estos días en las geografías de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, entre otros centros urbanos. Y como todo gran negocio capitalista, de arriba hacia abajo y con complicidades en los diferentes nichos de corrupción de los distintos gobiernos.
La memoria de los represores
El 10 de diciembre de 1998, el entonces comisario principal José Rubén Lo Fiego, fue puesto a disponibilidad por la resolución 879 del gobierno provincial. Estaba imputado de 68 delitos de lesa humanidad y fue el principal torturador del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II, entre 1976 y 1979. El “Ciego” o “Mengele”, habló en tres ocasiones con este cronista entre setiembre y diciembre de 1997 en su despacho del área Logística, en el subsuelo de la ex Jefatura de Policía, justo en la ochava de Santa Fe y Moreno. No está arrepentido de nada y sus diálogos con los periodistas apuntan a relativizar su siniestra historia personal. Lo que sigue es un resumen de aquellos encuentros.
-Vamos a ahorrarnos algunas cosas. Sé quién es usted. ¿Dónde están los cuerpos de los desaparecidos y qué hicieron con los chicos nacidos en cautiverio?- fue la pregunta que sintetizó la primera entrevista.
-No sé nada de eso -contestó Lo Fiego en su despacho adornado con un poster del equipo de Central ganador de la Conmebol de 1995.
-Me gustaría saber quiénes fueron los apoyos políticos y económicos que los manejaban a ustedes.
-No se consiguió todo a través de la tortura. Acá mucha gente jugaba al superagente y en todos lados había un terrorista. Colaboracionismo. Hubo mucho colaboracionismo. Trate de grabar esa palabra en su memoria. Más allá de lo que usted piensa. Lo peor de todo es la conspiración de los idiotas -dice en referencia de otros oficiales de la policía.
“Había una presión insoportable de parte del comando. La formación la obtuve por las mías. Ahora hay una cultura light. Acepto la tortura, pero no el robo ni la droga -admitió el 9 de diciembre de 1997, en comparación con otros policías. Tampoco soy un matasiete -agregó ese día mientras tomaba mate haciendo alusión a una palabra que surgió en la literatura nacional en “El Matadero”, el cuento de Esteban Echeverría en el que denunciaba las atrocidades de la policía rosista, “la mazorca”.
Esta crónica fue publicada en nuestro libro “El Rosario de Galtieri y Feced”, del 2000 y también formó parte del primer tomo de “Ciudad blanca, crónica negra. Historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”, publicado durante el mismo año.
Lo Fiego daba a entender que él se lavaba las manos de la sangre de los torturados y que luego escribía los partes al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en los días de Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri, sin necesidad de recurrir a algún tipo de apoyo químico. Sin embargo, algunos de sus compañeros de torturas sí necesitaban “de la blanca que venía del Comando”, tal como lo sugirió en aquel encuentro.
El negocio paraestatal
En forma paralela a aquellos recuerdos de Lo Fiego, Gustavo Bueno, ex oficial de la policía rosarina desde 1971 a 1975, fue convocado al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército en 1977.
Luego lo enviaron a un área de “preconflicto entre la Argentina y Chile. Hacia 1978 volvió a Rosario “para ejercer actividades de inteligencia en el Destacamento de Inteligencia 121, en el sector llamado AEI –Actividades Especiales de Inteligencia-, donde había estado desde 1975.
Bueno, en medio de estas idas y vueltas, trabajó durante dos años junto al entonces coronel Oscar Pascual Guerrieri en el llamado Grupo de Operaciones Especiales (OE).
Muchos años después, en el contexto del juicio por delitos de lesa humanidad, Gustavo Bueno (integrante del Servicio de Informaciones del Ejército Argentino, dependiente del segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, el entonces teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri) confesó que el alto jefe militar estaba en el negocio paraestatal del narcotráfico. Lo hizo ante el doctor Otmar Paulucci, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, en la ciudad de Belem, estado de Pará, en la República Federativa de Brasil, el lunes 30 de noviembre de 2009.
La primera mención a esta declaración apareció el domingo 13 de diciembre de 2009 en el diario “Rosario/12” a través de una nota del periodista José Maggi. Ahora, por primera vez, se publica la copia en castellano de los dichos de Bueno en la sede policial brasileña:
-…Sí, Guerrieri estaba vinculado al tráfico de cocaína. Estaba vinculado a Arce Gómez y García Meza. Había una interna en la época de elección de Galtieri, que desplazó a Viola. Había plata que trajeron de los cocacoleros de Bolivia. Tenía que liberar el norte de Argentina. Otro del acuerdo era Noriega, del que se encargaron otros servicios de otros países. El organizó cosas muchas veces en mi contra. En Rosario fue en varias veces.-sostuvo Bueno quien goza de un tratamiento muy especial en Brasil, según constató el juez Paulucci.
El 2 de diciembre de 2009, Bueno agregó que “en principio, Oscar Guerrieri dijo que el grupo especial tenía por objetivo combatir a los Montoneros. Que el declarante entró en conflicto con ese grupo porque no aceptó los desvíos de conducta de Guerrieri. Que el declarante desempeñaba actividades de contrainteligencia y, en ese trabajo, investigó al teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri y a otros, por supuesto involucramiento con oficiales del ejército boliviano relacionados al tráfico. Que se quedó trabajando en el sector de Actividades Especiales de Inteligencia hasta noviembre de 1979… y que en noviembre de 1979 salió de la Argentina al entender que el coronel Guerrieri quería ejecutarlo… que en 1979 el declarante salió a pie de Rosario, dejando su arma y su credencial y vino a Brasil…”.
Guerrieri se desempeñó desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 26 de enero de 1979 en el Destacamento de Inteligencia 121 del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Fue ascendido a teniente coronel el 31 de diciembre de 1976. Revistaba como segundo jefe, un escalón por debajo de Edgardo Alcides Juvenal Pozzi, titular del Destacamento de Inteligencia. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad a perpetua porque quedó establecido que tenía “absoluto dominio de la puesta en marcha de los operativos, sobre las líneas concretas que debía seguir la inteligencia represiva, sobre la “evaluación” de los secuestrados y su permanencia en los centros clandestinos de detención, sobre la metodología y lugar de cautiverio y, en definitiva, sobre el destino final de las víctimas”. Era el mayor “Jorge” en la Quinta de Funes, descripta en “Recuerdo de la muerte”, de Miguel Bonasso. Junto a él, en aquellos días, estaba “Gustavo” que no era otro que Gustavo Bueno.
La conexión boliviana
Roberto Suárez Gómez, el llamado “Rey de la cocaína”, proveedor nada menos que de Pablo Escobar Gaviria, “acusó a la coalición de gobierno de Paz Estensoro y Banzer Suárez, además de todos los anteriores gobernantes del país desde finales de la década del setenta, de ser y haber sido cómplices del narcotráfico bajo la protección de la CIA y la anuencia del gobierno de los Estados Unidos de América, supervisada por medio de su embajada en el país”, cuenta su ex mujer, Ayda Levy, en su libro “El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado”.
La mujer sostuvo, además, que “en el mes de febrero de 1980 viajaron a la ciudad de Buenos Aires, el ex ministro de Agricultura Marcelo Ibáñez, Klaus Altmann y un agente de la CIA, de apellido Perou, para reunirse con los miembros de la Junta Militar que gobernaba la Argentina desde 1976. Su misión era lograr el apoyo de nuestros vecinos al golpe de Estado que se gestaba en Bolivia. Los emisarios cumplieron su mandato a cabalidad. La junta de comandantes, dirigida por el general Jorge Rafael Videla, dio su total respaldo al proyecto. Las alas del tenebroso Plan Cóndor se extenderían hasta nuestro país”, expresó Ayda Levy.
La señora explica que el principal argumento que desarrollaba su marido era que “al ser Bolivia un país monoproductor minero, ante la caída del precio del estaño en los mercados internacionales la coca era el único recurso estratégico renovable que le quedaba al gobierno para sacar al país del subdesarrollo y saciar el hambre del pueblo. Estaba completamente seguro de que podíamos pagar en treinta y seis meses la deuda externa del país que, por esos años ascendía a tres mil millones de dólares americanos. Finalmente, para tratar de convencerme, me dijo: “Los gringos siempre manejan un doble discurso y tienen una falsa moral. Te doy sólo dos ejemplos para comprobar la veracidad de lo que te estoy diciendo: los cigarrillos que fabrica la tabacalera Philip Morris y las armas que fabrica Smith & Wesson, que se venden sin control en los Estados Unidos, matan anualmente a más gente que la cocaína”, se puede leer en otro párrafo del libro mencionado.
El testimonio de Ayda Levy y las confesiones de Lo Fiego y Gustavo Bueno dan cuenta de una serie de relaciones que venía estableciendo la dictadura de Videla con sus pares bolivianos desde antes del narcogolpe del 17 de julio de 1980.
Contactos que tuvieron su mayor desarrollo alrededor de la llamada zona franca boliviana en el puerto rosarino.
Los contactos de Massera y Galtieri
“Los comandantes en jefe de las Armadas de la Argentina y Bolivia, almirante Eduardo Emilio Massera y vicealmirante Gutenberg Barroso Hurtado, respectivamente, presidieron en la mañana de ayer el acto de recepción en la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario, del buque “Libertador Simón Bolívar”, escribió el diario “La Prensa”, el 25 de abril de 1978.
Se leyó un mensaje del entonces presidente del país hermano, Hugo Banzer Suárez, donde destacaba que “es el primer barco boliviano que surca el océano, llevando en el corazón de sus tripulantes la esperanza de un pueblo que a pesar de todas las adversidades jamás renunciará al derecho de volver soberanamente al Pacífico”.
Junto al almirante Massera estaba el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri.
-América tiene un significado en el mundo de hoy, con una Europa convulsionada con el terrorismo que ya pasó por acá; donde hay un Medio Oriente también convulsionado entre grupos y grupos, en los que yo diría que nadie sabe quién es quién. Latinoamérica significa una cosa nueva. Una cosa más profunda…-filosofó Massera ante los periodistas.
Por su parte, el vicealmirante boliviano Barroso Hurtado sostuvo: “Nada habría sido más significativo para mi país que recibir al buque transporte “Libertador Simón Bolívar” entrando en aguas y puerto bolivianos. Ello no pudo ser, como lo esperaba América a los casi cien años del encierro asfixiante que sufre mi patria. Pero frente a la incomprensión que todavía ensombrece el horizonte del destino continental, felizmente surge la palabra amiga, el respaldo solidario, la tierra que se brinda…”, agradeció el oficial de la armada de la dictadura de Banzer Suárez, aquella que ya comenzaba a comercializar los productos de Suárez Gómez, el “rey de la cocaína”, tal como lo expresó su mujer Ayda Levy.
La zona franca de Bolivia en el puerto rosarino fue el resultado de un convenio suscripto el 4 de junio de 1969 por el que se cedieron 55 mil metros cuadrados y que tenía previsto realizar el primer embarque en febrero de 1973 consistente en 25 mil toneladas de algodón hacia Japón. Después vendrían exportaciones de azúcar a los Estados Unidos, madera a Europa y minerales.
Uno de los principales impulsores de los acuerdos en torno a la utilización de la zona franca en el puerto rosarino era Waldo Cerruto Calderón de la Barca que sería luego embajador durante la narcodictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.
Otro de los que fogoneaba los encuentros con los referentes rosarinos de la dictadura argentina era el entonces director general de Política Exterior de Bolivia, el embajador de Hugo Banzer, Javier Murillo de la Rocha.
El 6 de julio de 1976, el vicealmirante retirado, Jorge Aníbal Desimoni, a cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe, recibió a representantes de la dictadura de Hugo Banzer Suárez para hacer entrega formal de la zona franca del puerto rosarino.
Entre ellos estaba Raúl Tejerina Barrientos, agregado militar, uno de los principales integrantes del Plan Cóndor, corresponsable del asesinato del General Juan José Torres, cometido en Buenos Aires el 2 de junio de 1976 y señalado como uno de los más hábiles cerebros del negocio paraestatal del narcotráfico, según señalan las excelentes investigaciones de Martín Sivak (“El asesinato de Juan José Torres: Banzer y el Mercosur de la muerte”) y Román Lejtman (“Narcogate”).
Los negocios de Banzer con la dictadura argentina fueron continuados y profundizados durante los tiempos de la narcodictadura de García Meza. Por eso hubo reciclaje de funcionarios y, en forma paralela, la zona franca del puerto rosarino siempre apareció como excusa para desarrollarlo como cabecera de playa.
Por eso la confesión del ex servicio de inteligencia del Ejército argentino, Gustavo Bueno, termina siendo la confirmación del inicio del negocio paraestatal del narcotráfico desde la región del Gran Rosario.
No fue casualidad que a principios de 1979, Leopoldo Galtieri saltara al Primer Cuerpo de Ejército y luego a la presidencia en reemplazo de Roberto Eduardo Viola.
Galtieri no solamente tuvo el apoyo de los grandes empresarios del sur de la provincia de Santa Fe sino también del narcoestado construido por las dictaduras de Banzer y García Meza.
Quizás por eso Galtieri sostuvo, alguna vez: “En Bolivia yo decido a quién y cuándo poner en el poder y cuándo sacarlo”.
Quizás por eso Pascual Guerrieri, el nexo entre ambas dictaduras, en uno de sus alegatos en los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en Rosario, ofrecía sus servicios, su larga experiencia y preparación para combatir al narcotráfico.
De allí que la confesión de Gustavo Bueno prueba que el negocio del narcotráfico es, desde su origen, paraestatal y que, como muchas actividades económicas ilegales del presente, comenzó en los tiempos del terrorismo de Estado. Desde una geografía estratégica que no por casualidad sufre las consecuencias de tanta impunidad acumulada durante años: la región del Gran Rosario.
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