martes, 31 de enero de 2012

Una alianza con Macri y Binner



“Si Macri piensa como yo, bienvenido sea, también piensan así De Narváez y Binner”, dijo el diputado de la UCR. Ricardo Alfonsín sólo respondió que el partido tiene mecanismos internos para discutir alianzas, mientras que Mario Barletta prefirió no entrar en debate.



El diputado radical Oscar Aguad decidió jugar fuerte en la interna partidaria exhortando a la construcción de una “gran alianza nacional” para enfrentar al kirchnerismo, en la que tendrían cabida desde Mauricio Macri hasta Hermes Binner, incluyendo también a Francisco De Narváez. El diputado Ricardo Alfonsín prefirió no entrar en un debate mediático con el legislador cordobés, afirmó que el partido tiene mecanismos internos para discutir la política de alianzas y destacó el perfil socialdemócrata de la UCR para definir sus futuros acuerdos. El presidente del comité nacional de la UCR, Mario Barletta, que se había mostrado gratificado por la seducción que ejercen socialistas y macristas sobre el radicalismo, también rehuyó al debate sobre la propuesta de Aguad.


“Yo exhorto a los dirigentes a que desandemos las diferencias partidarias, hay que construir una gran alianza nacional para sacar al país del subdesarrollo”, alentó ayer Aguad. “Esta es una Argentina entre los que quieren anclar la pobreza o los que quieren un sistema que saque a la gente de la pobreza mediante la industrialización”, continuó Aguad para explicar su propuesta y abrir su amplio abanico de alianzas: “Si Macri piensa como yo, bienvenido sea, también piensan así De Narváez y Binner”.

Alfonsín evitó la discusión pública. “Prefiero no entrar en polémica a través de los medios de comunicación. El radicalismo tiene mecanismos internos para discutir su política de alianzas, que él se haga cargo de lo que dice”, contestó el ex candidato presidencial de la UCR ante la consulta de Página/12 sobre la propuesta de Aguad, a quien Alfonsín le ganó la pulseada interna por la conducción del bloque en la Cámara baja.

De todas maneras, Alfonsín dejó en claro cuál es su visión sobre futuras alianzas de la UCR cuando este diario insistió en el encuentro que mantuvo con Binner en la reunión de la Internacional Socialista en Costa Rica: “No hablamos de alianzas, no, para nada. Soy muy respetuoso, igual que Binner, de la orgánica partidaria. Pero claro que considero al socialismo como un aliado natural del radicalismo por las coincidencias programáticas, más allá de si podemos o no coincidir en un frente electoral”, sentenció.

“No conozco las declaraciones”, fue la respuesta de Barletta a este diario para esquivar un pronunciamiento sobre la opinión de Aguad. El presidente de la UCR se había mostrado complacido por el coqueteo con que el PRO y el PS intentan seducir a dirigentes del radicalismo, para concluir que la situación de su partido “no es tan mala”. Incluso, el ex intendente de Santa Fe –que gobernó en alianza con el PS bajo el paraguas del Frente Progresista– le restó importancia a las visitas de Macri a intendentes radicales en Mendoza y Córdoba como parte del armado electoral del PRO para 2015. Pero evitó opinar sobre la propuesta de su correligionario cordobés.

Aguad, de excelente relación personal con el macrismo, parece decidido a trasladar su política aliancista al resto de la UCR. Como candidato a gobernador de Córdoba no sólo se entrevistó con el jefe de Gobierno porteño, sino que los diputados macristas Gabriela Michetti y Federico Pinedo –con quien compartió la estrategia parlamentaria del ya disuelto Grupo A– estuvieron apoyándolo en el cierre de su campaña electoral, antes de que saliera tercero, detrás de Juan Manuel de la Sota (que también recibió apoyo de un sector del macrismo) y Luis Juez. Por ahora, su propuesta de construir “una gran alianza nacional” contra el kirchnerismo no ha tenido réplicas en el radicalismo, aunque nadie descarta que las habrá.

domingo, 29 de enero de 2012

Cristina Kirchner estudia nacionalizar Repsol YPF

La dirigente comenzó a manejar esta posibilidad tras constatar la falta de inversión de las petroleras, según algunos medios

ABEL GILBERT / Buenos Aires

"La bandera de la renacionalización" de Repsol YPF "vuelve a asomarse en el horizonte" de la política argentina, según Página 12, el diario de mayor sintonía política con el kirchnerismo. Cuando la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó días atrás en público a las cinco petroleras que operan en el país de no invertir y abusar de su posición dominante en el mercado interno, algunos analistas creyeron que el Gobierno iría más allá del malestar retórico. El incidente, según Página 12, ha dado pie a plantear, "al menos como hipótesis", la alternativa de volver a una empresa estatal integrada, desde la extracción de petróleo hasta la comercialización.

"En el entorno del Gobierno ya se plantea con fuerza que las políticas correctivas a las conductas monopólicas en el sector petrolero tienen límites muy estrechos", añade la publicación. "Las relaciones con YPF --continúa el rotativo-- están seriamente complicadas, y no es un dato coyuntural ni reciente". Repsol es la accionista mayoritaria de la compañía (55%) y el grupo Petersen, de la familia argentinaEskenazi, posee otro 25%.

Tras las declaraciones de la presidenta, el pasado miércoles, en la ciudad de Buenos Aires aparecieron carteles reclamando la nacionalización de la empresa en la que Repsol es la principal accionista. Los firmaba La Cámpora, una agrupación juvenil que maneja Máximo Kirchner, hijo de la mandataria.
EL CASO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

De acuerdo con Página 12, el diagnóstico se fundamenta en el hecho de que "la producción de crudo viene en paulatino e ininterrumpido descenso desde el 2002 a la fecha, habiendo cedido en ese período en más de 10 millones de metros cúbicos [de 43,9 a casi 33 estimados para todo el 2011]". Eso, señalan las autoridades, ha dejado al país más dependiente de la importación de hidrocarburos para refinar y combustibles para abastecer la demanda interna.

Según el diputado oficialista Eric Calcagno, los cambios en la política petrolera serían inevitables. "En un mundo donde la crisis financiera de los países centrales afecta al crédito, la producción, al comercio y al consumo de las sociedades, es preciso establecer parámetros sólidos que sustenten el modelo de desarrollo industrial con justicia social que la Argentina instrumenta con éxito desde el 2003", subraya Calcagno.

"La cuestión del petróleo y la renacionalización de YPF es un gran debate que la Argentina tiene pendiente y que debería darse. Argentina está dando una enorme ventaja al no tener una compañía estatal en el sector petrolero, como sí la tienen Brasil, Uruguay o México", ha sostenido por su parte el diputado Carlos Heller, también simpatizante del Gobierno.

El ex secretario de Energía Jorge Lapeña considera que "no se puede descartar" que el Gobierno transite el camino de la nacionalización, tal como ocurrió con Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos del grupo Marsans. "Me preocupa porque una nacionalización hecha con un criterio poco técnico y buscando un rendimiento político va a terminar siendo una operación que vamos a pagar todos", ha advertido.

sábado, 28 de enero de 2012

Torturas a soldados en Malvinas: la causa llega a la Corte

Deberá decidir si van a juicio 80 militares por cometer vejámenes contra su propia tropa. La imputación es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata.



Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”.

Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante.
“Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”. 

Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.
“La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”.
A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.”
Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino.

Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia.


Fuente: Tiempo Argentino

miércoles, 25 de enero de 2012

A 15 años del crimen de Cabezas, ningún condenado está detenido




Quince años después del crimen de José Luis Cabezas ninguno de los condenados por el secuestro y asesinato está preso. Y en la cava de General Madariaga donde apareció el cadáver, con las manos esposadas y dos tiros en la cabeza, adentro de un automóvil al que los criminales prendieron fuego, manos anónimas arrasaron ahora con el altar de recuerdos, cruces, flores, ruegos, imágenes y los símbolos construidos desde entonces.
Así lo denunció Gladys, hermana del fotógrafo, junto a Raúl Ferrari, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y Gabriel Michi, el periodista que acompañaba a Cabezas en aquellos días aciagos de enero, en un acto celebrado ayer frente al Congreso de la Nación y que marcó el comienzo de las actividades que se desplegarán a la memoria de Cabezas y que hoy en Mar de Ajó tendrá como evento principal un festival de música y otras expresiones artísticas a pedido de los tres hijos de Cabezas, hoy adolescentes de 21, 19 y 15 años, que quisieron recordarlo desde el arte.
La hija más pequeña –una beba de meses cuando mataron al padre– vive ahora con la mamá María Cristina Robledo en España y ambas no estarán hoy para participar de los actos. Los otros dos hijos –que también eran dos niños, de seis y cuatro años– sí participarán de la actividad, pero con un perfil bajo. 
“Queremos recordarlo con música y alegría porque eso era lo que tenía José Luis, que amaba a sus viejos, a sus hijos y a su familia”, explicó Gladys al hablar a centímetros de un ceibo a cuya sombra hay una placa de ARGRA con un Cabezas dibujado por Hermenegildo Sábat que se colocó el mismo año 1997 en esta plaza, donde entonces estaba la Carpa Blanca de los docentes. “Pinamar es la muerte, donde lo secuestraron y mataron, donde había zona liberada, pero además allí las últimas veces nos maltrataron y ahora me dice Gabriel (Michi) que estuvo la semana pasada y destruyeron todo, así que mejor que no fuimos”, agregó Gladys.
Tanto Gladys, como Ferrari y Michi fustigaron la decisión judicial que posibilitó que ninguno de los condenados por el crimen esté en la cárcel. “La justicia no vio que este es el peor atentado a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia”, consideró Michi. “Los criminales lograron lo contrario de lo que se proponía porque ahora hay más fotógrafos, más periodistas y no nos olvidamos de José Luis como querían”, destacó el periodista.
Del acto de ayer, frente al Congreso, participaron también familiares de las víctimas del trágico incendio de Cromañon y de otros hechos aún impunes como el homicidio de Rubén Carballo, presuntamente a manos de efectivos de la Policía Federal, en la entrada a un recital. 
Además del acto en Mar de Ajó habrá demostraciones en Pinamar convocadas por la Gremial de Prensa: desde la 17 una marcha de silencio unirá el municipio con la entrada de la ciudad donde un monolito recuerda al fotógrafo. Luego habrá otro acto en la cava de General Madariaga donde aquella madrugada de hace 15 años fue asesinado el trabajador, que también era padre, esposo, hermano e hijo.

martes, 24 de enero de 2012

Declaración de guerra a la SOPA

Los hackers subieron a la red el catálogo completo de música y películas de Sony Music como protesta por los proyectos antipiratería y el cierre del sitio de descargas Megaupload. 




En un endurecimiento de su campaña contra la ley Antipiratería Digital SOPA y como respuesta al cierre del sitio de descargas de archivo Megaupload por parte del FBI y el Departamento de Estado norteamericano, el grupo de piratas informáticos Anonymous subió a la red la discografía completa de Sony Music, además de un listado de films producidos por la firma entre los años 2000 y 2011. La cuenta de Twitter @ano

nops fue el medio elegido para poner en disponibilidad ese material, que fue subido por orden alfabético y un listado de enlaces BitTorrent a través de programas de intercambio de archivos, o P2P, para que los internautas puedan acceder a la discografía completa de la compañía japonesa. En forma casi simultánea, Anonymous realizó un ataque sobre varias páginas web del gobierno polaco, entre las que se encuentran las del presidente Bronislaw Komorowski, el primer ministro, Donald Tusk, y el Parlamento. De esa forma respondió a la adhesión que el gobierno de Varsovia expresó a la proyectada ley SOPA. La campaña de Anonymous incluyó ayer un anuncio general, vía Internet, de un inminente “masivo apagón” de los servidores del FBI y de “compañías europeas que apoyan la ley SOPA”.

Los piratas informáticos nucleados en Anonymous, al hackear la discografía de Sony Music, pusieron a disposición de los internautas los álbumes de AC/DC, Oasis, Jimi Hendrix, Paul Simon, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Madonna y Justin Timberlake, entre muchos otros artistas de primer nivel. Al mismo tiempo, pusieron en marcha una campaña llamada Black March (marzo negro) en la que se anima a sus seguidores a “golpear los márgenes de beneficio” de la industria cultural boicoteando durante todo ese mes el consumo de contenidos culturales.

Las acciones propuestas para realizar en el marzo negro son –entre otras– las de no descargar canciones (ni legal ni ilegalmente), no ir al cine, no comprar videojuegos o no adquirir revistas ni libros. Las propuestas figuran en la página black-march.com, que incluye un gráfico sobre cómo ha disminuido el apoyo de los miembros del Congreso de Estados Unidos tanto a la ley SOPA como al proyecto PIPA, luego de las protestas que se expresaron a través de Internet el 18 de enero.

Mientras tanto, el principal directivo del banco de datos digital de Megaupload, Kim Schmitz, junto con tres directivos del portal de descargas intervenido por el FBI estadounidense por supuesta piratería informática se sentaron ayer en el banquillo de acusados de un tribunal neocelandés tras permanecer tres días en prisión. Solicitaron que se les conceda la libertad bajo fianza, medida que el fiscal objetó por entender que hay riesgo de fuga, en especial en el caso de Schmitz. El juez a cargo analizará las posturas enfrentadas y tomará una decisión al respecto entre hoy y mañana.

La campaña lanzada por Anonymous es acompañada por otros sitios, como la cuenta de Twitter @YourAnonNews, cuyos responsables les han pedido a sus más de 371 mil seguidores que se pronuncien sobre cuál debería ser la próxima página que les gustaría que Anonymous hackeara. Con tantas iniciativas y novedades en la materia, algunos internautas han expresado sus dudas respecto de si las acciones que se promueven responden en todos los casos a la iniciativa lanzada por Anonymous. Al respecto, la cuenta de Twi_tter@Anon_Central aclaró que el movimiento “está descentralizado”, por lo tanto “no tenemos líderes: tú eres tu propio líder”.

En Argentina, Anonymous atacó la página de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), que aparecía cubierta por una imagen de Mafalda, la emblemática creación del humorista Quino, con una leyenda que decía: “No a la SOPA”. Ayer no era posible ingresar a la página de Capif, donde también se habían colgado otros personajes de la tira Mafalda para cuestionar las leyes que se analizan en Estados Unidos.

En Varsovia causó revuelo la intervención de los piratas informáticos, que coparon varios sitios web del gobierno polaco. Lo hicieron para protestar por la intención del gabinete local de aprobar un acuerdo internacional contra la piratería en Internet y las violaciones al derecho de propiedad intelectual.

“La revolución polaca está comenzando”, advirtió Anonymous a través de la red social Twitter. Con la ofensiva informática, los “hacktivistas” mostraron su rechazo al Acuerdo Comercial AntiFalsificación (ACTA), firmado en octubre por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.

Mientras los promotores del ACTA hablan de dar una respuesta “al aumento del comercio mundial de los derechos de autor y la falsificación de productos pirateados de obras protegidas”, sus detractores afirman, en cambio, que es “un flagrante intento de controlar el derecho a la información y al conocimiento, además de un acto de censura contrario a toda libertad de expresión”, comentó ayer la agencia Prensa Latina.

En Estados Unidos, los proyectos legislativos que se tratan en el Congreso son los llamados SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intelectual Property Act), que establecen mecanismos de control sobre los contenidos en Internet, en nombre de perseguir la piratería en la red. La Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI) publicó ayer datos sobre el estado de finanzas de ese sector, anunció un pequeño crecimiento de las ventas digitales, pero afirmó que la piratería sigue haciendo estragos en especial en España, donde el 42 por ciento de los internautas visitan al menos una página al mes que ofrece “contenidos que carecen de legalidad”.

Baltasar Garzón afronta el segundo juicio en su contra


En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad".


Aún sin la sentencia del proceso que comenzó y finalizó la semana por haber autorizado presuntas escuchas ilegales, el reconocido magistrado español y figura internacional de la defensa de los derechos humanos volvió a comparecer ante el Tribunal Supremo español, esta vez por haber iniciado una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Antes de entrar, saludó a las cientos de personas que se movilizaron en señal de apoyo y luego ingresó a escuchar las acusaciones en su contra que incluyen un pedido de inhabilitación por 20 años.

Dos organizaciones de extrema derecha, el pseudosindicato Manos Limpias y y la asociación Libertad e Identidad, acusan a Garzón por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos por el franquismo. La fiscalía pide la absolución. Garzón acusaba al dictador Francisco Franco y a 44 altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de delitos contra los derechos humanos.

Suspendido desde hace dos años como juez instructor de la Audiencia Nacional española, Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100 mil personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero tuvo que abandonar esta investigación porque la fiscalía le obligó a inhibirse.

La semana pasada, Garzón fue sometido a un primer juicio por prevaricación, acusado de haber violado el derecho de la defensa al haber ordenado la intervención de conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de una vasta trama de corrupción y sus abogados, en la denominada trama Gürtel.

Garzón, de 56 años, alcanzó renombre internacional con el inicio de procesos contra los represores de la última dictadura militar en Argentina y por haber ordenado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, aunque al final no consiguió su objetivo de que este fuese extraditado a España.

En calidad de observadores asisten al proceso miembros de Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Justistas. Amnistía Internacional calificó de "escandaloso" el hecho de que el magistrado "sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos".

lunes, 23 de enero de 2012

Fuerza, Garzón

Por Ana María Figueroa 

Por qué, quiénes y cómo hace más de quince años que denuncian por prevaricato a Baltasar Garzón, cuestionándolo en su idoneidad, imparcialidad, profesionalidad, independencia, honorabilidad.

Si respondemos a estas preguntas, entenderemos los tres juicios que está enfrentando y que podrían terminar con su inigualable carrera de juez, reconocida mundialmente, que hizo que abogadas/os, juristas y ciudadanos lo miráramos con respeto, admiración, por su dedicación, su coraje, por haber aplicado el principio de Justicia universal, que tuviera tanta incidencia para las democracias sudamericanas en la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos en los autoritarismos de los ’70.

Baltasar Garzón tiene un origen humilde, hijo de familia campesina del interior de España, que debió trabajar muy duro para estudiar abogacía; es el hijo dilecto del pequeño pueblo donde nació, Torres, entre montañas, y tanto es así que una calle pintoresca y arbolada lleva su nombre. Ganó por concurso la plaza de juez de instrucción de la Audiencia Nacional en un país que mantiene una organización política monárquica y una judicatura corporativa mayoritariamente apegada a las tradiciones y las solemnidades.

Siempre tuvo claro que su función de juez debía desempeñarla dentro del marco de su jurisdicción y competencia en estricto apego al estado de derecho; de esa manera, con coraje y aun a costa de su seguridad y la de su familia, combatió la corrupción, el terrorismo, delitos internacionales y globalizados, por ello tuvo graves problemas, ya sea cuando persiguió y encarceló a los responsables de los GAL, como ahora con el caso Gürtel, sin tomar en cuenta que el PSOE o el Partido Popular estuvieran en ese momento en el gobierno o fueran mayoría. Habían cometido delitos y él era un juez de instrucción independiente. Como siempre Garzón repite: “Si un juez tiene miedo, debe dimitir; no se puede ser juez y no cumplir con la función”.

Hemos seguido vía web y la información con periodistas acreditados en la tercera semana de enero, el juicio por el caso Gürtel y sus análisis, donde Garzón sostuvo que no violó garantías de los detenidos para con sus abogados, explicó que fueron medidas tomadas en respeto a la legalidad, ante denuncias de la policía judicial y de los fiscales contra los internos por indicios preexistentes, por lo que ordenó intervenir comunicaciones de los imputados para evitar la continuación de la acción delictiva y que sacaran del país con destino a paraísos fiscales más de 20 millones de euros producto del ilícito, evitando el blanqueo de capitales. Advirtamos que, una vez separado de su cargo, el juez que le sucede, Antonio Pedreira, mantiene y extiende la medida, y contra éste no hay cuestionamientos ni enjuiciamiento. De la misma manera, los fiscales anticorrupción las validan y tampoco son sancionados. Sólo es contra Garzón...

Mañana comienza el segundo juicio por prevaricato, o sea, no aplicar la ley 46 de amnistía del año 1977 que establecía la impunidad de los crímenes del franquismo, cuando se declara competente al ser sorteado para investigar la desaparición de más de 100 mil personas. El juez Garzón aplicó la Constitución de España de 1978, que impone el cumplimiento de los tratados internacionales aprobados por el país, por lo que, al igual que en la Argentina, corresponde la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos como ley de jerarquía suprema.

La Justicia española cobró prestigio cuando el propio Garzón investigó, aplicó el principio de Justicia universal y ejerció su competencia contra el ex dictador de Chile Pinochet, ordenando su detención en Inglaterra; contra militares argentinos, cuando la Justicia de nuestro país hacía prevalecer las leyes de obediencia debida, punto final e indultos; cuando perseguía a los responsables por los delitos de lesa humanidad de Guatemala, de Africa, las violaciones en la cárcel de Guantánamo; pero hacer lo que debe en su propio país, cuando fueron recobrando poder los herederos de Franco, marcó el límite de lo que el poder político y económico puede tolerar.

La tercera causa que se le imputa es relativa a un curso en la Universidad de Nueva York; tres veces fue denunciado y tres veces archivado ante el Consejo del PJ y una vez con igual suerte ante la Sala Penal, siempre por no constituir delito, pero se vuelve a insistir.

Los argentinos sabemos por experiencia que aunque muchas veces pretendieron someternos y disciplinarnos, la Justicia termina abriendo puertas y llegando; si no es en España, podrá elevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está escrita la última sentencia. Baltasar Garzón siempre estará unido al concepto de juez probo, profesional, incorruptible, independiente, con coraje, incansable, sometido sólo a la ley y a la defensa de los derechos humanos. La imagen de su voz disfónica del 19 de enero quizás es la consecuencia de lo que quiso gritar y por su hombría de bien no pudo: su decepción ante la sumisión de sus pares. Pero sólo es un paso en la adversidad. Como decimos aquí: “Fuerza, Garzón”; como dicen en su tierra las manifestaciones de apoyo “Garzón es inocente”, “Garzón es valiente”, “España al revés”.

* Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, FCJS - UNL. Doctora en Derecho, FD - UNR. Profesora Titular Ordinaria de Derecho Constitucional, FD - UNR.